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¿Por qué el Gobierno decidió avanzar con la implementación de la TDT?

–Porque la norma japonesa nos garantiza mayor soberanía en la toma de decisiones vinculadas con las innovaciones tecnológicas que le dan sustento al sistema. Permite impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología e impacta en la industria nacional y en el empleo. Estas ventajas las pudimos ver a partir de los avances que había logrado Brasil. Dilma Rousseff, cuando era ministra de Energía de Lula, me sugirió adoptar este sistema porque permite analizar cualquier innovación en el foro que agrupa a los países que eligieron la norma. Por ejemplo, si en el futuro Japón diseña una nueva tecnología, antes de cambiar tiene la obligación de consultar a los países miembro para ver de qué manera se implementa. Incluso los países pueden pedir plazo para adaptar sus plantas industriales.

¿Qué ventajas ofrece esa alternativa?

–Es muy favorable porque no te pueden imponer una tecnología. Otra ventaja es que la televisión abierta se puede ver en los celulares sin depender de la compañía telefónica.

Algunos analistas sostienen que el gobierno está aprovechando la implementación de la TDT para conformar un multimedios estatal de cara a las elecciones de 2011.

–La diversidad de actores que están participando en la implementación del sistema es la mejor respuesta frente a este cuestionamiento. En la última reunión del foro consultivo hubo representantes de radiodifusores privados, cámaras empresarias, sindicatos y universidades.

¿Cuál es la inversión pública prevista para este desarrollo?

–La compra de los conversores y las 47 torres de transmisión que se comenzaron a construir en distintos lugares del país van a demandar una inversión inicial cercana a los 1600 millones de pesos. Eso le va a permitir al canal público maximizar su cobertura. Hoy hay provincias donde Canal 7 no se ve por aire porque la repetidora está rota. Eso fue porque la gente se comenzó a conectar al cable en forma masiva para no tener que luchar con la antena cuando la desacomodaba el viento y porque se ofrecen contenidos adicionales. Eso hizo que fuera saliendo de funcionamiento la infraestructura de la televisión por aire, tanto de la pública como de la privada, y el cable se fue imponiendo casi como la única alternativa, en muchos casos monopólica. Esto abre nuevas oportunidades. Las empresas de cable van a seguir, pero deberán mejorar su oferta para competir con la TDT.

¿Los radiodifusores privados están acompañando la iniciativa?

–Es un espacio que está abierto para todos. En el último foro participaron los ingenieros de los canales privados. Nosotros estamos colaborando porque queremos que se digitalicen. Según la ley, les corresponde una frecuencia UHF, pero tenemos algunas dificultades para asignarlas porque la ley de medios no se puede aplicar debido a la medida cautelar que estableció la Justicia mendocina. Igual ese freno no lo van a poder sostener por mucho tiempo, pues es una ley que fue sancionada por amplias mayorías en ambas Cámaras.

¿El hecho de que el principal radiodifusor sea al mismo tiempo el principal operador de la televisión por cable puede demorar la implementación? A medida que el Grupo Clarín avance con la digitalización podría afectar sus propios intereses en la negocio del cable.

–Puede haber algún obstáculo coyuntural, pero es imposible ponerle trabas al progreso. Además, nosotros le vamos a dar una enorme facilidad a la gente para que pueda acceder al sistema. Está previsto repartir 1,2 millón de conversores entre los sectores más vulnerables. El objetivo es democratizar para que no todos tengan que pagar más de 100 pesos para ver televisión. A los anunciantes también les va a convenir porque no hay que olvidarse que la televisión abierta se va a empezar a ver en los celulares. Igual no pienso que los cableros vayan a desaparecer. Van a quedar como una alternativa, pero no tan omnipresente como hasta ahora. Van a ofrecer más canales de alta definición y seguramente cobrarán más para compensar la pérdida de algunos clientes