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Esta semana se sumó otra denuncia que evidencia la dimensión del problema. Según la venezolana Gladis Lange, legisladora del Parlamento Latinoamericano –Parlatino–, se habría detectado una nueva ruta para el tráfico desde México a Estados Unidos. Las y los niños formarían parte de un negocio que viene siendo denunciado desde hace tiempo, “una megaindustria que mueve más de 17 millones de dólares al año” (Cladem: Prostitución: ¿Trabajo o esclavitud sexual? 2003). En el estudio presentado por Lange se identifica una vía más para el tráfico latinoamericano de menores hacia California. Serían niñas de entre 7 y 10 años, “muchas de ellas han huido del hogar –especifica el informe– debido a la violencia o han sido desplazadas por conflictos armados o desastres naturales”. Lange denuncia que cerca de San Diego, California, “opera un llamado ‘campo de amor’, en el que entre 100 y 300 granjeros y jornaleros abusan de las niñas cada día (!), son vendidas primero a los Red Necks –granjeros–, que son gente blanca de ultraderecha a quienes se les vende su virginidad”. Otra investigación, realizada por la Organización Panamericana de la Salud –OPS–, cuyos resultados fueron dados a conocer el año pasado, detalló que son miles las mujeres y menores latinoamericanos vendidos para ser explotados sexualmente.
Entre los motivos que favorecen el fenómeno, el organismo señaló: la impunidad y la corrupción, la ausencia, ineficacia o deficiencia de las políticas públicas, la forma en que la sociedad ha vuelto invisible el problema y la demanda. También la Argentina ha estado varias veces en el centro del debate; a principios de este mismo año, de hecho, una organización cordobesa llamada Angel reveló un informe según el cual habría más de trescientas niñas de entre 11 y 17 años que estarían siendo explotadas sexualmente en la ciudad de Río Cuarto. Al día de hoy nada se sabe.

Ammar denuncia
Sonia Sánchez, dirigente de Ammar Capital –agrupación que nuclea a mujeres en situación de prostitución–, denunció las graves irregularidades y los maltratos a los que fueron sometidas dos de las integrantes de la organización durante la detención que tuvo lugar en las inmediaciones de la Legislatura. “Nuestras compañeras fueron chupadas –aseguró– como en la época de la dictadura, al mejor estilo militar, durante varios días no supimos de ellas ni ellas de nosotras, tuvieron frío y hambre cuando nosotras les acercamos frazadas y comida que nunca les llegaron. Al detenerlas, a una de ellas le retorcieron los pechos, todavía está dolorida”, aseguró Sánchez el martes pasado a la salida de Tribunales, donde las mujeres fueron llevadas para declarar. Carmen Ifran y Marcela Sanagua fueron detenidas a las seis de la tarde, horas después de los incidentes ocasionados frente a la Legislatura, y a varias a cuadras de distancia. Fueron trasladadas a una dependencia policial de Lugano, y al cierre de esta edición, tras casi dos semanas de detención, aún se encontraban en el penal de Ezeiza bajo la carátula de Coacción Agravada, por orden de la jueza Silvia Ramond. “Sin embargo –concluyó Sánchez– no hay ni una sola prueba en contra de las chicas. Y terminamos siendo rehenes de los funcionarios. Los mismos que después hablan de moral, como –el macrista, Santiago de– Estrada, que fue funcionario de Videla.”