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Para la Iglesia Católica de Entre Ríos, la modificación de la Ley 9501 de salud sexual y reproductiva es un objetivo prioritario y urgente. Quieren aprovechar el temor del gobernador Jorge Busti a confrontar con la jerarquía católica antes de las elecciones del 23 de octubre. Por eso avanzan con rapidez, haciendo de cuenta que los cambios ya son un hecho, aunque no lo sean, porque falta su tratamiento en Diputados. Mientras el Foro por los Derechos de las Mujeres de Entre Ríos trabaja para obtener el rechazo total de los cambios por los dos tercios de la Cámara baja –lo que cerraría la puerta al retorno a Senadores–, la ley sigue vigente tal como fue aprobada en julio del 2003, con perspectiva de género para la educación sexual y la prevención de embarazos no deseados como objetivo primordial del sistema de salud sexual y reproductiva.

Como en una guerra de posiciones, los actores no se quedan quietos, con gran disparidad de recursos y poder de lobby. Una comisión del Consejo General de Educación, designada a medida del Arzobispado de Paraná, estudia una nueva implementación de la educación sexual, que viola claramente la ley vigente. Plantea “un concepto integral de persona, como creada por Dios, a su imagen y semejanza”, según expresó a El Diario de Paraná el presbítero José Dumoulin, delegado episcopal de Educación, quien no dudó en considerar el trabajo actual en el área como “afín” a la Iglesia.

Tan afín como la modificación de la ley que obtuvo media sanción de la Cámara de Senadores casi por sorpresa. Los cambios consisten en anular la perspectiva de género, reemplazar la prevención de los embarazos no deseados por un artículo que defiende la vida desde la concepción y ratificar la potestad de los padres sobre la materia, para impedir la distribución de métodos anticonceptivos a adolescentes. El bloque justicialista votó de manera unánime en la Cámara alta, pero en Diputados el panorama es más complejo, porque algunos peronistas adelantaron su desacuerdo. Se necesitan 19 votos para rechazar los cambios sin dar lugar a que el Senado los deje firmes, y el Foro por los Derechos de las Mujeres confía en contar desde ya con los 13 de la oposición (UCR y los partidos provinciales Nuevo Espacio y la Red de Participación Popular).

En Diputados, la modificación ingresó formalmente el miércoles pasado. El proyecto irá a las comisiones de Salud, Educación y Legislación, donde apostarán a producir fallos contrarios unánimes. El objetivo es ratificar en forma contundente la actual ley, aunque saben que esa resolución deberá esperar hasta después de las elecciones del 23 de octubre, porque antes “nadie quiere oponerse abiertamente a la Iglesia”, sugieren las más activas luchadoras contra las modificaciones.

Mientras tanto, el arzobispo de Paraná, Mario Maulión –del ala conservadora de la jerarquía católica–, aprovechó la fiesta patronal de Bajada Grande, el domingo pasado, para volver a la carga. “Querían matar al niño –dijo en alusión a la Virgen María–. Puede resonar en nosotros cómo ese riesgo sigue estando presente: buscan eliminar al niño.” En el Foro por los Derechos de las Mujeres, integrado por un amplio abanico de ONG y organismos gubernamentales, suponen que el próximo objetivo es impedir la entrega de anticonceptivos: “Estamos trabajando desde la perspectiva de género, en una provincia donde alrededor del 20 por ciento de los embarazos corresponde a adolescentes. Ellos ahora borran la perspectiva de género, y después querrán impedir la distribución de anticonceptivos. Pero para el Ministerio de Salud de la Nación se trata de una política de Estado”, expresó Mónica Fassoni, a cargo del Programa de Salud Sexual y Reproductiva.

La intervención del propio ministro Ginés González García –quien llamó preocupado al gobernador al enterarse de los cambios aprobados por Senadores– también deja en un brete a Busti, en un año electoral en el que prefiere no pelearse con la Iglesia ni con el gobierno nacional. Pero “es muy permeable a las posiciones eclesiásticas”, afirmó Grimmalt.

Desde que se aprobó hace dos años –y una semana antes de la llegada de Maulión como arzobispo de Paraná–, la ley nunca fue reglamentada, aunque ahora el Ministerio de Salud trabaja contrarreloj para hacerlo. “Pasamos de dos años de no tener reglamentación a que en dos semanas quieran aprobar un programa de educación sexual en las escuelas que no se corresponde con la ley vigente”, se indignó Silvia Primo, del programa de Prevención del VIH de la Universidad de Entre Ríos, quien subrayó que la “Constitución nacional garantiza la educación laica”.

En Educación, los pasos contra la ley fueron firmes y efectivos. Desde que lograron, en diciembre pasado, que se releve a Roberto Mateoda, el vocal del Consejo General de Educación más afín a la implementación de la ley, no pararon de avanzar. En febrero removieron también a la encargada de la Comisión que desarrollaba la implementación, Silvia Darichón, de la Asociación Sexológica del Litoral. Con la comisión descabezada, avanzaron sobre el propio Consejo General de Educación (un presidente y tres vocales), donde designaron personas afines al Arzobispado. Una nueva comisión empezó a reunirse, y trabajar sobre conceptos bien diferentes de los previstos por la ley. Hablan de la determinación biológica del sexo y del concepto tradicional de familia. “No debe olvidar el bagaje de conocimientos previos que el educando trae de la familia, primer lugar donde se transmiten los valores primordiales sobre la vida sexual”, dice un documento que difundió la nueva comisión, a cargo de Silvia Kupervaser, presidente del Jurado de Concursos del Consejo. También plantea la necesidad de “reconstruir una red de contención, de confianza, de responsabilidad y colaboración entre dos instituciones básicas que deben fortalecerse: la escuela y la familia”.

“Está claro que esta comisión está violando la ley vigente”, explicó la diputada provincial, autora de la Ley 9501, Lucy Grimalt, de la Red de Participación Popular. “La actual comisión no puede funcionar si no se modifica la ley. No tiene nada que ver con la ley actual ni con los lineamientos del Ministerio de Salud. Dejaron afuera a la mayor cantidad de organizaciones que participó en la confección de esta ley y estamos en condiciones de discutir los criterios con los que hoy se pretenden volver atrás”, afirmó la legisladora.

Para defender sus derechos en la implementación de la educación sexual, las distintas organizaciones que integran el Foro por los Derechos de las Mujeres enviarán cartas documento al Consejo General de Educación para exigirle que las convoque a debatir los programas educativos. Si esa petición no obtiene respuestas, iniciarán acciones legales porque la ley vigente establece con claridad la conformación de la Comisión en Educación. También pedirán que se convoque a todas las religiones, y no sólo a las más tradicionales, como hace la comisión actual. “La Constitución nacional asegura la educación laica”, puntualizó Primo, quien subrayó también que “lo sorpresivo no es que la Iglesia se oponga a la ley, porque siempre lo hizo. Lo complejo es el abuso de poder que hacen sobre la sociedad”. Se trata de que “el resultado de la presión de la jerarquía son las decisiones que toma el Ejecutivo”.

El éxito de la Iglesia significa el fracaso para muchas mujeres que no accederán a sus derechos sexuales y reproductivos, y ni siquiera llegarán a conocerlos. “Esto significa empezar a trabajar de nuevo en la clandestinidad. Aunque tengamos voz y haya mucha gente que apoya los derechos de las mujeres, siempre llegamos al mismo lugar, la Iglesia sigue teniendo la misma injerencia. Lo que se está negociando es la pobreza y la vida de las mujeres”, concluyó Analía Venanzi, de la ONG Mujeres Tramando, que también integra el Foro por los Derechos de las Mujeres.