Viernes, 25 de julio de 2008 | Hoy
VUELTA AL MUNDO
Los próximos días serán cruciales para los límites de las políticas públicas de salud reproductiva: ante el inminente cierre del período de sesiones de la XIX legislatura del Congreso de Baja California (será el 31 de julio), una fracción del Partido Autonomista Nacional (PAN) presiona al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Verde Ecologista para lograr los votos que permitirían penalizar totalmente el aborto, incluidos el terapéutico y el demandado por violación. La modificación incumpliría la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, al tiempo que instalaría la protección del embrión (al que consideraría casi con derechos plenos de ciudadanía). Las estadísticas dadas a conocer por la ONG IPAS México señalan que entre cuatro y seis de cada 100 mexicanas declararon haber sido víctimas de violación alguna vez en su vida, el 65% de ellas cuando tenían entre 10 y 20 años. Oficialmente, se estima que ocurren alrededor de 120 mil violaciones cada año en el país, con lo cual —bajo el supuesto de que carezcan de cobertura anticonceptiva—, cada año, entre 9 y 12 mil embarazos serían productos de violaciones.
AFRICA
Cuatro años han pasado desde el fin de la guerra civil, pero todavía las consecuencias son palpables en la vida cotidiana. Más del 60% de las mujeres, por ejemplo, son analfabetas, y el PBI no supera los 300 dólares anuales por habitante. En ese panorama actúan actualmente ONG, organismos internacionales y hasta centros académicos, como sucede con un curso del IE Business School (de Madrid), la ONG de Senegal FAS y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Las tres instituciones se han aliado, por ejemplo, para llevar adelante un proyecto de formación para pequeñas empresarias: FAS las selecciona en su país de origen, la AECI cubre viajes y desplazamientos, y la IE se encarga de capacitarlas en el terreno empresarial, para que profesionalicen sus tareas. Según recogió recientemente el español El País, las elegidas tienen en común una capacidad de iniciativa tenaz y el haber logrado alcance regional con sus emprendimientos. “A la vida —declaró una de las enroladas— se lo pido todo: marido, hijos y un futuro para mi empresa, porque hay que soñar a lo grande.” El proyecto internacional no sólo tiene entre sus fines ayudar a la reconstrucción, sino también disfrutar de sus consecuencias: “un granito de arena, entre otras cosas, para luchar contra el drama de la inmigración”, declaró Ignacio de la Vega, del IE.
Una trabajadora de la limpieza ganó una demanda para que sus empleadores le reconozcan el derecho a fijar el horario de su jornada de trabajo, de manera que pueda conciliar vida laboral y familiar “sin tener que reducirla y aunque nada se disponga al respecto en el convenio colectivo de su sector ni en un acuerdo específico con su empresa”. El reclamo fue presentado con asesoría jurídica del Departamento de la Mujer de la Unión General del Trabajo (UGT) de Cantabria. La mujer reclamaba acordar, sin perjuicios económicos ni laborales, un horario que le permitiera llevar y traer a su hijo de la escuela (el horario de trabajo de su marido tampoco era compatible con el del colegio, pero él no pidió cambiarlo), algo que la empresa negó de inmediato. Sin embargo, el Juzgado de lo Social de Cantabria estimó que “la petición de la trabajadora no es desmedidamente gravosa para la empresa ni incide de forma grave o perjudicial para la organización de la actividad empresaria”.
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