¿Por qué una trabajadora sexual cuentapropista es perseguida por la policía? La mayor parte de los Códigos de Faltas provinciales las penalizan –y abren así la puerta a la extorsión–, pero su actividad no es delito. El problema es que ellas están allí, y trabajan para sí mismas. Aunque la policía es su proxeneta. En otros casos, se trata de sacarlas de la calle para meterlas en los boliches que pagan jugosas sumas mensuales a la policía, cuando no son regenteados directamente por miembros de la fuerza de seguridad. Y el proxenetismo sí es delito. Así ocurrió en la ciudad de Mar del Plata, donde 18 mujeres fueron asesinadas desde 1996 hasta 2005. “Cuando comenzaron a aparecer las compañeras muertas, la mayoría trabajaba en la calle. Ahora hay 143 prostíbulos”, relató Elena Reynaga, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar). En 12 años, 27 trabajadoras sexuales fueron asesinadas en la Argentina, según un relevamiento provisorio donde se demuestra, además, que la institución policial está implicada en la mayoría de los crímenes. Así se informó durante el lanzamiento de la campaña para evitar que prescriba la causa por el asesinato de Sandra Cabrera, la dirigente rosarina que recibió un disparo en la nuca en la zona de la Terminal de ómnibus rosarina, donde no sólo trabajaba sino también activaba. Ahora son muchas menos las chicas que se aventuran solas a la calle por allí. Entre tantos efectos de aquel asesinato estructural y político, la mayoría se recluyó en los boliches donde dejan buena parte del dinero que producen. Pero allí dentro, la policía no las molesta.

¿A quién le convenía la muerte de Sandra Cabrera? Entre las múltiples actividades que desplegaba la dirigente rosarina, era central su denuncia permanente de la extorsión policial y la complicidad con los proxenetas. También de la prostitución infantil y trata de mujeres. La dirigente había recibido al menos 18 amenazas de muerte. Dos personas habían entrado en su departamento a amedrentarla. El 10 de septiembre de 2003 denunció a los jefes de Moralidad Pública, Javier Pinatti y Walter Miranda, por extorsión. Fueron separados de sus cargos. El jefe de Drogas de la policía Federal, Alberto Lomonte, había pedido que la hicieran callar.

Por eso, las dirigentes de Ammar lanzaron la campaña de firmas para elevarlas tanto al gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, como a la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Y piden que se forme una Comisión Bicameral, al considerar que “es deber de la Legislatura resolver cómo continúan vigentes los intereses que llevaron al asesinato de Sandra Cabrera, si el Poder Judicial no quiere, no puede o no sabe completar las pistas sueltas”.

La organización gremial de las trabajadoras sexuales es tan inconveniente para la policía que, cuando estaba por formarse Ammar en la ciudad de Santa Fe, los efectivos realizaron una enorme redada para detener a las chicas. La intención era disuadirlas. Muchas mujeres escucharon una amenaza en la comisaría: “Te va a pasar lo mismo que a Sandra Cabrera”. El disciplinamiento por el miedo está vigente.

A las que siguen trabajando por su cuenta, los efectivos santafesinos siempre les encuentran una excusa para sacarles plata, detenerlas, pedir dinero a sus clientes. Por eso, además de juntar firmas para que se reabra la investigación –lo que puede hacerse en la página www.ammar.org.ar o en [email protected]–, las integrantes de Ammar siguen exigiendo la derogación de los tres artículos del Código de Faltas que permiten detenerlas entre 7 y 30 días por “prostitución escandalosa” o “exhibición obscena”. Para las travestis hay aún más: otro artículo penaliza, justamente, que se vistan con ropas de mujer. La campaña de Ammar incluye también un relevamiento provisorio de crímenes. “La muerte de una trabajadora sexual no le importa a nadie”, denuncia el informe de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) en la introducción al detalle de los 27 asesinatos de los últimos 12 años. La trama es visible para quien tenga la voluntad de desentrañarla. “Cuando juntamos los casos vemos que no hay descarriados en la fuerza, sino una acción sistemática de persecución. La policía sigue siendo nuestro principal proxeneta”, expresó Reynaga.