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Una nena de 10 años paseaba en su bicicleta en la localidad bonaerense de Coronel Dorrego cuando un conductor la atropelló con su auto. El hombre la llevó a un descampado donde la violó y “por miedo a que lo reconozca” la prendió fuego. La niña sobrevivió al horror. El pueblo conmocionado se movilizó para exigir seguridad y la creación de un registro de violadores. Desde ese momento, provincias como Buenos Aires, Mendoza o Neuquén se convirtieron en pioneras por tener sus propios registros, y en el Congreso de la Nación se reactivó el tratamiento de un paquete de proyectos. El Senado consiguió media sanción a una iniciativa en ese sentido. En tanto, en la Cámara de Diputados están a punto de debatir otro proyecto similar. Allí la propuesta cosecha más defensores que opositores. Los primeros aseguran que es “una herramienta eficaz” que estará solo en manos de la Justicia, los segundos la tildan de “inconstitucional”, “estigmatizante” y poco efectiva a una demanda de mayor seguridad.

¿Es inconstitucional o no? ¿Evitará la reincidencia de las personas que cumplen su condena? ¿No es una doble condena para el imputado? ¿La Justicia podrá garantizar la privacidad de los datos de las violadores registrados? ¿Qué hacemos con los abusos intrafamiliares teniendo en cuenta que según las estadísticas ese es el espacio donde se producen la mayor cantidad de violaciones? ¿Por qué no aprobar una ley integral de violencia hacia la mujer, donde está contemplado mucho más medidas que una base de datos? Todas estas preguntas fueron formuladas a diferentes actores sociales vinculados o comprometidos con la temática: legisladores/as nacionales, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y psicólogos/as.

En medio del debate, la Dirección Nacional de Política Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia, difundió en julio pasado algunos números para indicar la gravedad del delito: en los primeros cuatro meses de 2008 las fiscalías recibieron más de 250 casos mensuales, lo que supone que hubo un promedio de un ataque sexual cada 150 minutos. El registro de violadores se muestra como una herramienta para prevenir el crecimiento de los casos. En este momento, existen dos proyectos con fuertes chances de convertirse en ley: uno de ellos, con media sanción de Senado, establece la creación del registro nacional de identificación genética de abusadores. Este sistema incluiría la información genética de las personas con condena firme y de autores del delito no identificados y además establece que las personas condenadas permanecerían inscriptas en registro por 100 años,

La segunda propuesta, que se trataría antes de fin de año en Diputados, contempla la creación del registro nacional de condenados por delitos contra la integridad sexual, que incluye una muestra de ADN del condenado, datos básicos de identificación y consigna que “transcurridos diez años desde que la sentencia se encuentre firme, cuando se tratare de una condena condicional, después de diez años de la extinción de la pena, para las demás condenas privativas de libertad o después de producirse el fallecimiento del condenado”. En ambos casos, el registro podría sólo ser consultado por jueces y fiscales, en contra de los pedidos de organizaciones sociales que exigen que sea de acceso público, y dependería del Ministerio de Justicia de la Nación.

¿HERRAMIENTA O ESTIGMA?

La diputada kirchnerista Nora César, y además presidenta de la Comisión de Legislación Penal, es impulsora de uno de los proyectos. “Se trata de una herramienta para que la Justicia pueda empezar a esclarecer los casos de delitos sexuales”, sostuvo la legisladora que luego se ocupó de responder a las críticas. “No es discriminatorio porque no es el único registro que existe: está el registro nacional de reincidencia, el de los padres que no pagan manutención, el del veraz. No es estigmatizante porque la Justicia solamente podrá acceder a los datos. Están garantizados todos los derechos constitucionales”, explicó.

Las principales críticas al proyecto provienen de la diputada por la Coalición Cívica Fernanda Gil Lozano, que presentó un dictamen de minoría en el cual repudia la iniciativa del oficialismo. “Este tipo de legislación está basado en la Ley Megan, aprobada en Estados Unidos, en la década del 90, en donde se cree que el estigma social sirve para desalentar a la persona a reincidir y donde está totalmente comprobado que no funcionó”, explicó.

“Viola el principio de legalidad por ser la incorporación al registro un agregado de coerción formal que no está contenida en la sentencia y presupone además que la persona reincidirá, entendiendo que ellos tienen una predisposición natural a cometer el delito”, según se detalla en el despacho de minoría. “Este proyecto es inconstitucional. Discrimina a un sector social y lo incluye en un registro. ¿Por qué no hacemos entonces un registro para homicidas, para ladrones, ¿por qué no hacemos un registro universal entonces?”, se preguntó la legisladora. En este último punto coincidió con Vilma Ibarra, diputada nacional del Bloque Encuentro Popular y Social. “Además es poco eficaz en la persecución del delito. Tardará muchos años en implementarse, hay que esperar que los detenidos por casos de este tipo tengan una condena firme, en el medio existen muchas instancias de apelación, tiene que cumplir su condena y volver a cometer el delito para que funcione”, explicó.

Este proyecto de ley cuenta con dictamen de las comisiones de Legislación Penal, de Justicia y Presupuesto, con lo cual tiene garantizado el voto de más de 40 legisladores, entre ellos del diputado nacional Emilio García Méndez, quien adelantó que acompañará la iniciativa, porque es un “instrumento más para la Justicia”, pero planteó algunas observaciones: “Tiene que haber mucha tarea de prevención para que se evite la reincidencia de los casos y debe haber un estricto control de la información contenida en el registro para garantizar la privacidad de los datos y que esto no se convierta en un festival de estigmatización”, advirtió. Para la diputada Ibarra no es tan sencillo cuidar el acceso al registro. “Si en la actualidad, una declaración indagatoria dada bajo secreto de sumario trasciende por los medios de comunicación a los pocos minutos, ¡cómo podemos confiar en la que la Justicia tome las medidas precautorias necesarias para que el director de una escuela, por ejemplo, no acceda a los datos?”, señaló.

SIN MEDIDAS PREVENTIVAS

Para Mónica Creus Ureta, de la campaña contra el abuso sexual infantil llamada ASI NO –se puede visitar en www.abusosexualinfantilno.org–, no cree que el registro sea útil para la prevención ni para evitar la reincidencia. “Permitirá que si un violador vuelve a violar individualizar quién fue”, remarcó. “Y qué hacemos con los abusos sexuales que se producen en su mayoría en el entorno inmediato de las víctimas”, preguntó.

“Es mucho más útil promover una crianza apegada, amorosa, respetuosa, que les enseñe desde la más temprana edad a los chicos que su cuerpo es de ellos, sus partes privadas, de ahí nuestro lema ‘tu cuerpo es tuyo ahora y para y de nadie más’, que nadie puede pegarles, que nadie puede mimarles de un modo que los haga sentir mal, que los secretos son sólo de cosas lindas y que cuando alguien les pide que guarden un secreto de algo feo deben contarlo de inmediato”, planteó. En ese sentido, la especialista exigió el cumplimiento en todo el país de la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y la implementación de la ley de educación sexual en todo el país.

El psicólogo Alberto Ilieff coincidió con Creus Ureta en que el registro no evitará la reincidencia, solamente, “favorecerá la identificación de algunos agresores sexuales”. Además cuestionó la necesidad de crear un nuevo registro: ¿Por qué no se adapta el registro nacional de reincidencia –que contiene los datos de todas las personas procesadas–, que continuamente se actualiza con nuevos datos y que tiene ya información? Bastaría con ordenar que a partir de tal fecha sean agregados los datos del ADN”, propuso. “En un momento de crisis, donde la tarea tribunalicia pasa por momentos difíciles, sería más oportuno mejorar los recursos, dar fondos, nombrar empleados a lo existente y no seguir creando registros y oficinas especiales que simplemente duplicarán datos haciendo más engorrosa cualquier verificación”, agregó.

También cuestionó el artículo 5 del proyecto referido a la actualización permanente de los datos del registro. “Se pide al condenado que actualice la información. ¿De qué información habla?, ¿la de sus nuevas condenas?, ¿la de su ADN? Esto es casi violatorio del derecho que todos tenemos a no declarar contra nosotros mismos”, sostuvo. Por ultimo, advirtió también que el proyecto “parecería prejuzgar que los condenados por delitos sexuales van a reincidir, van a cometer un nuevo delito de igual índole. De ser aplicado extensivamente este razonamiento podría llevar a que todos los ciudadanos seamos considerados prima facie, por las dudas, posibles próximos autores de delitos”.

EL ADN POR SOBRE EL TESTIMONIO DE LA VICTIMA

Para la abogada Soledad García Muñoz, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, es preocupante que “al momento de tomar medidas para combatir la violencia sexual contra las mujeres los esfuerzos se centren en este tipo de cuestiones, cuando hay tantas prioridades insatisfechas desde una adecuada perspectiva de género y de derechos humanos de las mujeres”. Según los datos existentes, en Argentina sólo 1 de cada 10 mujeres que sufre una violación sexual la denuncia y sólo un 10 por ciento de las denuncias acaban en condena. “Los procesos penales que involucran violencia sexual suelen revictimizar a las mujeres, tanto en la investigación como en el juzgamiento, por la ceguera de género del sistema penal. Frente a semejante realidad, ¿resulta ésta la medida más necesaria y eficaz para prevenir y proteger a las víctimas de violencia sexual?”, preguntó.

“Este tipo de medidas debería discutirse en cualquier caso en el marco de la implementación de una política pública y legislación integral contra la violencia hacia las mujeres, que tomara en cuenta las especificidades de la violencia sexual. Pero a falta de esto y de una revisión profunda del proceso penal desde la dimensión de género y de derechos humanos de las mujeres, una medida así puede llegar a ser contraproducente en la práctica para las mujeres que denuncian hechos tan aberrantes, pues seguramente reforzaría el valor de las pruebas materiales (genéticas) de las que con frecuencia las mujeres no disponen para sostener sus denuncias. No olvidemos que muchas veces la violencia sexual se produce entre cuatro paredes y a menudo por la propia pareja.”

MADRES DEL DOLOR, DEFENSORA DEL REGISTRO DE VIOLADORES

Isabel Yaconis, de Madres del Dolor y mamá de Yamila, violada y asesinada en el barrio porteño de Núñez hace tres años, celebró la media sanción del proyecto de ley en el Senado de la Nación. La organización recibió consultas de los diputados a la hora de afinar los proyectos y además participaron en las reuniones de comisiones donde se debatió la iniciativa. “Es muy importante que salga esta ley. Tres años atrás de estos temas no se hablaba porque lo consideraban estigmatizante, hoy yo, como muchas familias, tenemos la posibilidad de encontrar a quienes atacaron a nuestras hijas”, enfatizó. Consideró correcto que el registro esté solo en manos de jueces y fiscales, aunque criticó que la persona acusada de un delito contra la integridad sexual ingrese al registro luego de conocerle la sentencia firme. Consultada sobre los abusos intrafamiliares y las chances de que el registro colabore en este realidad, Yaconis aseguró que esta iniciativa alentará a las mujeres a denunciar las violaciones. “Las mujeres que son violadas en sus casas tienen que animarse a denunciar, los violadores deben ser condenados y agregados al registro”, remarcó.

PRESION MEDIATICA

Tanto para la diputada Gil Lozano como para Ibarra, el avance rápido de estos proyectos obedece en realidad a la presión social y mediática que se generó en torno de los abusos sexuales de estilo callejero. “Responde a un efecto mediático, ineficaz, similar al caso Blumberg, y que el Congreso quiere responder con esta iniciativa ineficaz y nada preventiva de nuevos delitos”, sostuvo Ibarra. “La inseguridad no es una sensación, pero hay que generar políticas públicas serias en este sentido. La sociedad se queja y el Congreso le da lo primero que tiene a mano. Por qué mejor no empezamos a tratar el proyecto de ley sobre violencia hacia la mujer, que permitirá modificar pautas y esquemas culturales arraigados en la sociedad”, señaló Gil Lozano.

Para Alberto Ilieff, que este proyecto sea respuesta a una coyuntura social no es negativo. “Lo que sí es negativo es que otros reclamos y necesidades, como una efectiva ley contra la violencia hacia la mujer y asistencia a víctimas de delitos sexuales, no sean escuchados. Esta desarticulación entre los diversos proyectos que hacen a una temática integral está mostrando una dirección errática, la falta de una política pública coherentizadora y sustentadora”, criticó. “Recordemos que una o varias leyes no configuran una política pública, para que esta sea tal requiere de una organicidad, recursos y mecanismos que le permitan sea sustentada en el tiempo, incluso más allá del gobierno que la ha dictado. Por esto mismo debe surgir de un amplio consenso, en el que indudablemente, debe estar presente la sociedad civil”, fundamentó.