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“Con este proyecto estamos a favor de la vida”, declaró la diputada porteña Diana Maffía, autora de un proyecto para que la ciudad de Buenos Aires cuente –igual que Santa Fe, Chubut y la provincia de Buenos Aires– con una normativa que les permita a las mujeres acceder a los abortos contemplados por el Código Penal, en caso de violación, de riesgo en la salud o la vida de la madre o de embarazos inviables.

La normativa es necesaria porque –en la práctica– los médicos se asustan cuando llega un pedido a un hospital, piden la autorización de un juez y el derecho de las mujeres queda enmarañado por una cantidad de pericias, evaluaciones de comités de bioéticos, fallos y obstáculos que sólo revictimizan a la víctima y alargan una penosa espera para acceder a un derecho sin caer en el circuito de abortos clandestinos.

Para evitar esa inequidad, el martes de esta semana los diputados/as de la Comisión de Salud emitieron un dictamen –de mayoría– favorable a la sanción de la ley para la atención integral de los abortos no punibles en la ciudad de Buenos Aires. Los autores de esta iniciativa son Diana Maffía (Coalición Cívica), Gabriela Alegre y Juan Cabandié (Encuentro Popular por la Victoria), en una muestra de transversalidad política en el compromiso por la salud de las mujeres.

Si puede lograr consenso en toda la Legislatura, la iniciativa establecería procedimientos en los cuatro casos que el Código Penal señala como abortos legales y regularía los mecanismos por los cuales los objetores de conciencia deberían comunicar fehacientemente su situación y ser eventualmente sustituidos para esta práctica, por lo que siempre tendría que garantizarse el derecho al aborto legal. Aunque, antes de pensar en su puesta en marcha, es importante que siga camino en la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud y de Justicia, antes de pasar al recinto para su sanción definitiva.

“Quienes presentamos este proyecto estamos a favor de la vida y desearíamos que ninguna mujer se viera en la situación de abortar. Lamentablemente, aun cuando eludiéramos los casos más frecuentes de no punibilidad, hay muchos otros motivos por los que las mujeres llegan a esas situaciones: problemas socioeconómicos, embarazos no deseados por violencia familiar o violaciones”, expresó Maffía.

Mientras que en el Congreso Nacional, la diputada nacional Cecilia Merchán, de Libres del Sur, presentó una solicitud de tratamiento conjunto para los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo, que insta a los presidentes y presidentas de las comisiones a tratar estas iniciativas que tienen giro legislativo a tres comisiones (Acción Social y Salud Pública; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Legislación Penal). Sin embargo, ninguna de las comisiones los incorporó aún al temario. “Ante esta situación, decidimos solicitar que los proyectos se traten de una buena vez en una reunión conjunta de las tres comisiones. Cada día que pasa, una mujer aborta en condiciones de clandestinidad y pone en peligro su vida. Debemos poner fin a esta situación”, resaltó la diputada Merchán.