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Ailén y Marina Jara son dos jóvenes de 21 y 20 años que hace más de dos años están presas –con prisión preventiva– por haberse defendido de un intento de violación de un hombre de 36 años –”tranza”, dicen los vecinos–, quien hacía tiempo venía acosando a Ailén. Por supuesto que la carátula que confeccionó la policía bonaerense no dice “lesiones en legítima defensa”, sino “intento de homicidio”.

Luego de estar detenidas en una comisaría de Moreno durante varios meses, fueron trasladadas a la Unidad 51 de Magdalena. Allí, luego de un conflicto dentro de la unidad, el Servicio Penitenciario presionó a Ailén y Marina para que se hicieran cargo del hecho. Como ellas se negaron, les bajaron la calificación de conducta a 0, con lo que perdieron todo beneficio. Por otro lado, a lo largo de varios meses, fueron víctimas de golpes, amenazas de muerte y varios intentos de violación. Por ello pidieron traslado a la Unidad 5 de Mercedes y fueron alojadas en los “buzones”, donde vivieron hasta un mes y medio en una celda de 2x4. Todo esto ante la indiferencia de su abogada defensora oficial María Celina Bereterbide y del Tribunal de Mercedes. Luego de más de seis meses, el Tribunal revió las actuaciones del Servicio Penitenciario, les restituyó la buena calificación de su conducta anterior y se las trasladó a la Unidad Nº 8 de Los Hornos, La Plata, donde actualmente se encuentran.

La contundencia de este caso ha llevado a la conformación de una “Comisión por la Libertad de Ailén y Marina”, que agrupa a decenas de mujeres, que pudo poner un abogado particular para encarar la causa, que será llevada a juicio oral a mediados de marzo. Actualmente, su defensa insiste en que al menos se les otorgue prisión domiciliaria, ya que un informe psicológico efectuado a una de ellas señala el riesgo de que atente contra su propia vida; mientras que la otra hermana sufre de una infección ginecológica extendida que en estos años no ha sido tratada adecuadamente. El Tribunal Oral Criminal Nº 2 de Mercedes, integrado por Fernando Bustos Berrondo, Marco Barski y Graciela Larroque, deberá evaluar ahora las pruebas periciales y decidir si les concede a Ailén y Marina dicha prisión domiciliaria. Por ahora esta decisión se ha dilatado, lo que pone cada vez más en riesgo la integridad física de las chicas.

Este caso desnuda una vez más el machismo institucional que involucra desde la policía bonaerense hasta la defensoría pública oficial y los jueces que no toman las decisiones a tiempo. Exigimos justicia por este caso y los miles de otros similares por los que se pone en duda la palabra de la mujer frente a la violencia impune de los hombres. No queremos ninguna victima más de violencia de género. Pero en todas las víctimas por este tipo de violencia la “institucional” es de las peores, porque está amparada por el funcionamiento de una extensa red de eslabones del Estado muy difícil de desbaratar.

* Diputada nacional Libres del Sur en el FAP.