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En Córdoba la Cámara 3ª en lo Civil y Comercial hizo lugar a un pedido para que se declare inconstitucional el protocolo de aborto no punible provincial. En realidad, todos los casos contemplados por el artículo 86 del Código Penal –violaciones, riesgo para la salud o la vida de la madre o embarazos no viables– son legales desde 1921. No sería necesario nada más que pasar por un hospital y tener acceso a la intervención.

Sin embargo, los múltiples obstáculos que el sistema de salud les interpuso a las mujeres hicieron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunciara, hace ya más de un año, en el caso FAL. A partir de ese momento, la jurisprudencia también despejó dudas a partir de la palabra del máximo tribunal de la Argentina. Sin embargo, increíblemente, se siguen poniendo trabas.

En este caso, la Justicia le siguió el juego a la Asociación Civil Portal de Belén, un brazo jurídico ultraconservador y religioso que suele judicializar causas contra todos los derechos sexuales y reproductivos, como la anticoncepción de emergencia. En este caso, el protocolo de los abortos no punibles de Córdoba, que está suspendido hace un año por obra del Portal de Belén.

En su sentencia, la Corte Suprema recomendó que las provincias generen normas locales para que la instrumentación de la interrupción voluntaria del embarazo esté sistematizada. Sin embargo los protocolos no son indispensables para que se cumpla el acceso de las mujeres a su derecho.

Es importante saber esto para que las cordobesas sepan que tienen garantías a pesar de que el fallo de los camaristas Guillermo Barrera Buteler, Julio Fontaine y Beatriz Mansilla de Mosquera saltean la jerarquía institucional de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y consideran que deben prevalecer los supuestos derechos del niño por nacer, que no están contemplados en el Código Penal desde 1921.