Hace una semana se conoció el caso de una niña de 14 años, violada por su padrastro, a la que la Justicia le impidió el acceso a su derecho a un aborto no punible en Salta. Su situación se tuvo que resolver en otro lugar del país. Y la desmedida movilización geográfica y emocional demuestra que en la Argentina todavía no se cumple ni el Código Penal de 1921 ni el fallo –FAL– de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que convalidó la posibilidad de interrumpir un embarazo en casos de violencia sexual.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) realizó un nuevo relevamiento sobre los protocolos que la Corte les recomendó realizar a las provincias para que no se judicialice cada situación y se encontró con que de 24 provincias, 8 son consecuentes con lo dictado por el máximo tribunal, 8 jurisdicciones tienen reglamentos que pueden implicar obstáculos para el acceso a los abortos legales y 8 provincias siguen sin cumplir la sentencia dictada en marzo del 2012.

Las mejores notas se la sacan Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. La mayor falta, en cambio, corresponde a Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Mientras que sí le hicieron caso a la Corte en la creación de protocolos, pero con exigencias que no estaban establecidas ni en la ley ni en el fallo y pueden implicar una barrera al derecho de las mujeres, la Ciudad de Buenos Aires (cuyos requisitos arbitrarios se encuentran suspendidos por orden judicial), Córdoba (actualmente con un protocolo también frenado parcialmente por la justicia), Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Buenos Aires, Río Negro y Salta. Un ejemplo de las trabas impuestas por encima del Código Penal es que en Entre Ríos y Salta no se regula la interrupción del embarazo cuando corre peligro la vida o salud de la mujer, como sí lo contempla la legislación nacional.