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Durante los últimos años, la Argentina ha sido artífice de importantes avances legislativos y ha sido pionera en el reconocimiento y protección de derechos humanos. Muchos otros, sin embargo, han quedado postergados, y pareciera que incluso el pleno ejercicio de algunos ya reconocidos puede peligrar.

Como integrantes de Alianza de Abogadxs por los Derechos Humanos de las Mujeres, una red nacional que se conformó en el año 2011 y que actualmente cuenta con más de 160 abogadxs de todo el país, rechazamos las modificaciones realizadas al art. 19 del proyecto de reforma del Código Civil y Comercial, que cuenta con media sanción en el Congreso Nacional. Es públicamente conocido que estos cambios fueron introducidos en respuesta a las presiones de la jerarquía de la Iglesia Católica, importando un grave retroceso, no sólo por lo que implica esta concesión, sino también porque afecta avances históricos en materia de igualdad e identidad de género y sexualidad, que colocaban a la Argentina como uno de los países a la vanguardia en estas temáticas.

La redacción del dictamen en lo que atañe al status jurídico del embrión afectaría la posibilidad de acceder a las técnicas de reproducción asistida, cuya cobertura y consecuente acceso está garantizado por la Ley 26.862 y su reglamentación. Esto, además, contradice abiertamente la jurisprudencia –obligatoria en nuestro país– de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y viola el derecho a la vida íntima y familiar; el derecho a la integridad personal en relación con la autonomía personal y la salud sexual y reproductiva; el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico y el principio de no discriminación.

Aunque entendemos que este art. 19, que es materia civil, no tiene consecuencias en materia penal (de hecho, hoy perfectamente podría legalizarse el aborto con un Código Civil que sostiene que la vida comienza desde la “concepción en el seno materno”), preocupa además que la legalización del aborto no forme parte del anteproyecto de reforma del Código Penal, así como los pocos avances que ha habido en esta materia luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “F., A. L. s/ medida autosatisfactiva”.

Este contexto restrictivo y desigual en lo que respecta al acceso a un aborto seguro quedó expuesto en estos últimos días, en los que dos compañeras de la Alianza en Salta tuvieron que defender los derechos de una niña golpeada y violada por su padrastro para que pudiera acceder a un aborto legal, ante la ilegítima intervención de la Justicia.

En el marco de un Estado democrático, laico y plural, no sólo no se puede retroceder y violar derechos con leyes que restrinjan los ya adquiridos, sino que se debe avanzar hacia el reconocimiento de los aún pendientes, para que todas las personas de nuestro país puedan libremente gozar de sus derechos humanos.

* Integrantes de la Alianza de Abogadxs por los Derechos Humanos de las Mujeres.