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Por Sandra Chaher


A seis meses de puesto en marcha el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, su implementación en las diferentes jurisdicciones del país es bastante irregular. Hay provincias que trabajan muy bien y otras bastante mal; algunas que tienen programas y leyes propias, aunque eso no necesariamente signifique mejores servicios; y focos claros de resistencia de sectores conservadores.
“Este es un país federal en el que no todas las jurisdicciones delegaron en el nivel central sus políticas de salud. Hay provincias con un muy buen desarrollo histórico de sus políticas de salud, y otras no tanto. Por lo general, las que vienen trabajando bien son las que también están implementando mejor el Programa Nacional, como Neuquén, Mendoza, Jujuy, Tierra del Fuego, incluso Salta, que no tiene ley ni programa propio -señala la médica Nora Rébora–, directora del Programa Materno Infantil del Ministerio de Salud de la Nación, del cual depende la ejecución del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable”.
El trabajar bien o mal significa, hasta el momento, que se efectivice la distribución de las partidas de anticonceptivos enviadas por el Ministerio. Para saber si la entrega de anticonceptivos, los programas de educación sexual (en los lugares en que se están llevando a cabo) y el servicio de conserjería (información sobre salud reproductiva) que deberían brindar los agentes sanitarios, logran modificar variables “duras” como la tasa de mortalidad materno-infantil o el embarazo adolescente habrá que esperar al menos un año más, explica Rébora. Básicamente, porque modificar esas estadísticas requiere de una tarea sistemática en un período de tiempo prolongado, y en algunas provincias ni siquiera se sabe si se están implementando servicios de conserjería o educación sexual.
Córdoba, la católica
La voluntad del gobierno nacional de cumplir con el Programa Nacional fue explicitada en varias ocasiones por el ministro de Salud Ginés González García, e incluso por el mismo presidente Néstor Kirchner. Sin embargo, desde el gobierno central no hay forma de accionar coercitivamente para hacerlo cumplir.
En agosto de este año, organizaciones de mujeres de la ciudad de Córdoba reclamaron ante el municipio la retención de 1700 DIU enviados por el Ministerio de Salud de la Nación. El secretario de Salud de la comuna sedefendió aduciendo que eran anticonceptivos de vieja generación que él entregaría sólo a mujeres cuya vida estuviera en peligro. “En este accionar hay una violación enorme de los derechos de las mujeres –señala Diana Maffia, ex defensora adjunta del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires–. Se está aplicando un método anticonceptivo en las condiciones más restrictivas en las que se hace un aborto en la Argentina. Argumentar de esa manera, es una prueba más del poder de la Iglesia, que primero intentó restringir el alcance de la Ley y ahora pretende frenarla con presentaciones judiciales o presiones políticas. El caso de Córdoba es un ejemplo de mala praxis política. Lo mismo que la actitud del gobernador bonaerense Felipe Solá, cuando permite que las escuelas confesionales no impartan educación sexual; o el ex secretario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Filmus, que dijo que se dictaría sólo en las escuelas que la demandaran. Son restricciones en el acceso a la ley.”
La situación en Córdoba no mejoró en los últimos meses. “Existe un silencio en relación al Programa que no es inocente –dice Marta Alanis, miembro de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD)–. La provincia ha confirmado su adhesión al Programa Nacional, pero no lo ha lanzado oficial ni públicamente y hay un gran desconocimiento del personal de salud sobre cómo actuar”. “Lo que nosotras pedimos es que se haga una campaña más fuerte que saque al Programa de la clandestinidad –dice Liliana Vázquez, también integrante de CDD–, pues las mujeres aún no acceden a los métodos o a los estudios complementarios por trabas burocráticas, falta de acceso a los servicios, ideología de los profesionales, e información distorsionada”.
Ante la falta de entrega de métodos anticonceptivos en los centros de salud, mujeres de cuatro barrios carenciados de la ciudad se organizaron para hacer compras comunitarias. El proyecto es el resultado de una tarea educativa coordinada en el año 2001 por el Servicio a la Acción Popular (SEAP), y en la actualidad hay más de 300 mujeres inscriptas en las nóminas de compras mensuales.
Si bien el Ministerio de Salud de la Nación no puede obligar a las autoridades provinciales a cumplir con el Programa Nacional, sí puede utilizar mecanismos de presión. Por el momento, se decidió que ni Córdoba ni Santa Fe (que también está reteniendo DIU) recibirán la segunda partida de dispositivos intrauterinos prevista para fines del 2003. “Entregaremos en la medida de las rendiciones que nos haya hecho –dice Rébora–. Córdoba y Santa Fe no incluyeron los DIU en sus rendiciones, evidentemente, porque no los distribuyeron”.
En Santa Fe las organizaciones de mujeres también denunciaron, en agosto, que no se estaban entregando las partidas de DIU enviadas por el gobierno nacional. Y hace dos semanas, en la ciudad de Rosario, se declararon una vez más en estado de alerta por la suspensión, a partir de un fallo judicial, de la entrega de métodos anticonceptivos de emergencia (AE). El municipio envió un recurso de nulidad al juez y manifestó su intención de seguir informando y prescribiendo la AE. Y la presentación judicial del abogado Nicolás Mayoraz, y la decisión del juez Ariel Ariza, fueron repudiadas en forma unánime por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, que a la vez declaró de interés legislativo el Programa de Procreación Responsable dependiente de la Municipalidad de Rosario. “La situación de Córdoba y Santa Fe es muy extraña –dice Rébora-, porque algo que debería quedarles claro a los funcionarios provinciales es que si hay una política y una ley nacional, su ideología no debería intervenir, ellos deben acatar las competencias del cargo que tienen.”
El último foco de conflicto acaba de aparecer en la provincia de Río Negro. Desde el año 2000 el médico Mario Mas realiza en el Hospital de Villa Regina una tarea de prevención y atención en salud reproductiva que fue ejemplo para el resto del país. Su voluntad, más la fuerte decisión delas mujeres de la zona, lograron que se sancionara la primera ley del país que permite la realización de ligadura de trompas y vasectomías sin autorización judicial. Sin apoyo político en el hospital ni entre las autoridades comunales y provinciales, Mas acaba de pedir una licencia sin goce de sueldo por tiempo indeterminado. “Estamos trabajando a tracción a sangre y ya estamos anémicos –dice desahuciado desde Villa Regina–. Han sucedido cosas desde principios de año que las hemos ido apechugando, pero no damos más. No tenemos respuesta de las autoridades, así que decidí pedir licencia a partir del 1 de diciembre. Me duele en el alma, porque cada vez hay más necesidad, pero no quiero que me cueste un infarto. Ya tengo una de las personas que trabaja conmigo con carpeta psiquiátrica por agotamiento... Las leyes de salud reproductiva son importantes, pero si no van acompañadas de un compromiso político para ser llevadas a cabo son muy difíciles de instrumentar, amén de que hace falta presupuesto.”

Cultura del
control social
Rébora pide la colaboración de la sociedad civil para el cumplimiento del Programa Nacional. “Nosotros no tenemos posibilidad de controlar el cumplimiento en todas las jurisdicciones del país. Ahora estamos diseñando un 0-800 MUJER para recibir denuncias, pero es imprescindible la información que puedan acercarnos las organizaciones no gubernamentales y los usuarios directos. La sociedad debe tomar el control de sus derechos.”
La idea de controlar o monitorear el cumplimiento del Programa está presente en la Ley 25.673, y varias organizaciones de la sociedad civil ya se pusieron en marcha con ese propósito. El Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders) –un organismo que coordina el accionar de ONG de todo el país– tiene como uno de sus objetivos fundacionales el control social del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. En diciembre estarán presentando los resultados de una encuesta nacional realizada para determinar el estado actual del cumplimiento del Programa Nacional para después llevar a cabo actividades de monitoreo del mismo. Entrevistaron a responsables del Programa, defensorías provinciales o juzgados de paz, organizaciones de la sociedad civil y prestadores de salud de diferentes niveles que informaron sobre los tres ejes del Programa: educación sexual, conserjería, e información y entrega de métodos anticonceptivos. “Estamos viendo que mucha gente no sabe a quién dirigirse para reclamar sus derechos. Hay poco conocimiento del Programa, y en general poca cultura de control social de las políticas públicas”, señala Martha Rosenberg, una de las integrantes del Consorcio. En una segunda fase, el Conders se propone capacitar a diferentes actores de la sociedad civil con el objetivo de que demanden y controlen el funcionamiento de los servicios a los que tienen derecho, es decir “instalar una cultura del monitoreo”.
Un objetivo similar se propuso la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires a través del Programa Ciudadanía y Sexualidad. Luego de una primera encuesta encargada al Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) entre jefes de servicio, efectores de salud y usuarios de la Ciudad de Buenos Aires sobre el cumplimiento de la Ley de Salud Reproductiva y Procreación Responsable porteña, a comienzos de noviembre realizaron un seminario de capacitación para organizaciones de la sociedad civil en el que brindaron herramientas de control de las políticas públicas. “En base a la encuesta del CEDES, lo que pretendemos es que las ONG elijan algunos de los indicadores allí propuestos y hagan ellas mismas el próximo año el control del funcionamiento de la ley –señala Beatriz Kohen–, quien coordina el Programa Ciudadanía y Sexualidad dependiente de la Adjuntía en Derechos Humanos de la Defensoría.”Tal como están planteadas las cosas, el cumplimiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable es una tarea conjunta. La sociedad civil debe demandar, exigir y denunciar, y los funcionarios aportar la voluntad política para hacer cumplir las leyes que fueron creadas por los representantes de esa misma sociedad civil. En definitiva, si todo sucediera como debiera, el pueblo sería el famoso soberano: instalando la agenda política y monitoreando que sus exigencias tengan cumplimiento. Si todo sucediera como debiera...