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Por MOCASE*

Cristina Loaiza, campesina santiagueña de 39 años, que participa del Mocase, vino a Buenos Aires a tener su décimo hijo. Ella vive en la localidad de Pinto, junto con su marido y sus nueve hijos, del trabajo en su propio campo, básicamente de la cría de cabritos. Como se conoce públicamente, el Sistema Público de Salud de la provincia de Santiago del Estero no brinda garantías mínimas de atención médica, Cristina ya había tenido complicaciones en varios partos anteriores por hemorragias y sentía temor por esta situación y porque, como todos los campesinos que forman el Mocase, sufrió discriminación en los hospitales de la provincia. Cristina realizó controles de su embarazo en su provincia y los continuó cuando llegó a Buenos Aires, en donde nadie supo que forma parte del Mocase. Aquí, como queda claro en los hechos que contamos, se vulneraron sus derechos legales, se la convirtió en sospechosa sólo por ser pobre y campesina y se la puso en una situación que, creemos, atraviesan a diario otras mujeres con menos recursos que la misma Cristina. El lunes 12 de abril consultó en la Guardia de Obstetricia del Hospital Fernández, por ser el hospital más cercano a su domicilio en Capital. El día 13 de abril volvió al hospital, citada por el médico el día anterior, quedó internada y tuvo a su hijo. El 14 los médicos le anticiparon que tendría el alta el día jueves por la mañana. Ese día, aproximadamente a las 9, la Lic. Ana María Fleites, trabajadora social del hospital, mantuvo una entrevista con ella, le pidió los datos de la familia y le preguntó por qué vino a tener su hijo a Buenos Aires. Cristina habló de los problemas médicos que tuvo en los partos anteriores, a lo que Fleites contestó que no podía venir a tener su bebé acá “sin la autorización de la gobernadora”. Le preguntó si iba a sacar los documentos. Cristina le explicó que si su marido podía viajar lo anotarían con su apellido y si no le era posible hacerlo por las tareas en el campo y por falta de dinero lo anotaría ella. Le preguntó también si tenía lugar donde parar, a pesar de que Cristina explicó que tenía alojamiento en la casa de una amiga de confianza (y de que todos los datos figuraban en la historia social de Cristina). Fleites demostraba no creerle y le decía cosas tales como “¿cómo te podés querer ir si no tenés dónde parar? ¿y si te roban el bebé en la calle?”. Le dijo que no podría irse hasta que fuera algún familiar y le dejó una citación por escrito para el día siguiente. Cristina le dio el número de celular de una de las amigas que la está alojando.
Entre las 10 y las 11 horas un médico se acerca a Cristina, la revisa, le dice que está muy bien y le da los papeles para hacer los trámites de alta en Facturación e Ingresos y Egresos del hospital. Ella le aclaró que haría los trámites y que esperaría hasta la tarde para retirarse porque se iría acompañada de sus amigas. Un poco más tarde, la trabajadora social realizó una entrevista telefónica con una de las amigas que la aloja. En esa entrevista la Lic. Fleites no manifestó que existiera algún inconveniente para que Cristina se retirara del hospital con su hijo. Pero cuando estaba cambiando al bebé y preparando sus cosas para iniciar los trámites, se acerca una médica, le quita los papeles y le asegura que “no se puede ir porque la trabajadora social no le firmó”. Otros médicos, presentes en la sala, Damián Rejtman y María Julieta Olmos, se negaron mástarde a devolverle los papeles del alta médica “porque la trabajadora social no firmó el alta social”. Cuando se les pidió explicaciones sólo se respondía que “depende de la trabajadora social”, que así “era el manejo en este hospital”, mostrándose molestos por tener que dar explicaciones de sus decisiones. Encontrándose cerrado el Servicio Social, se habló también con la médica interna, Miriam Gregorio, quien no explicó en qué normativas se basaban para retener a Cristina y a su hijo, y dijo que llamarían al médico legista, muy fastidiada por los pedidos de explicaciones. Se habló con el médico a cargo de la Guardia, a cargo del hospital en ese momento, el Dr. García Casani, quien dejó la responsabilidad en manos del médico legista. Luego de un largo rato, Damián Rejtman informó que éste no iría al hospital y que “tenían mucho trabajo como para ocuparse de estas cosas”, muy alterado. Cristina decidió retirarse con su hijo, bajo su responsabilidad, ante la negativa de los médicos de entregarle los papeles del alta médica pero el personal de seguridad privada de la agencia Search impidió la salida bloqueando el paso, dándole órdenes a los gritos de “volver inmediatamente a su cama”, mostrando una actitud sumamente amenazante, manifestando en todo momento cumplir órdenes de los médicos.
Al día siguiente, la amiga que aloja a Cristina mantiene una entrevista con la Lic. Fleites en la que se repiten las mismas preguntas. Ante pedido de explicaciones, la Lic. Fleites se muestra fastidiada, dice que no hay “derecho a cuestionarla”, y lo único que arguye es: “Esta mujer vive en el campo y ya tuvo nueve hijos”. Después exigió que la acompañante de Cristina firmara la historia social como “responsable” de ella, desconociendo que es mayor de edad y completamente capaz. El alta demoró otras cuatro horas durante las cuales se sucedieron una serie de intimidaciones y maltratos tales como: interrogatorios por parte de un policía federal y una agente de seguridad privada que impidió a Cristina ver a sus amigas, además de amenazas por parte de la misma seguridad a las amigas, entre otras. Finalmente, Cristina y si hijo pudieron salir del hospital.

* Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero.