“Nuestros padres no saben dónde estamos. Nos prometieron que íbamos a hacer trabajo de promotoras los fines de semana, y a las otras, que las iban a contratar como empleadas domésticas.” Dicho esto, apretó los labios con fuerza, como si de esa manera pudiera evitar que las lágrimas continuaran quemando el rostro demasiado joven. Habló por ella y por sus compañeras, chicas de 15 y 17 años tucumanas, salteñas y santiagueñas aterradas por el cautiverio y la esclavitud sexual que padecían desde hacía meses en Felina, un prostíbulo salteño, al sur de Rosario de la Frontera. El juez de Instrucción Mario Teseyra ordenó la detención del dueño del lugar, Arnaldo Andrés Llanos, que también manejaría una red de prostíbulos en otras cuatro provincias del noroeste, ubicados a la vera de rutas nacionales y cerca de ciudades para facilitar la llegada de automovilistas y parroquianos. Teseyra comprobó que a niñas y mujeres reclutadas las rotan por casas que sólo funcionarían los fines de semana y siempre con personal diferente, a fin de “mantener la atracción de la clientela y para no dar blancos fijos a la policía”, detalla un artículo del diario El Tribuno, de Salta. La investigación apunta ahora a determinar si Llanos trafica mujeres al exterior, con complicidad de fuerzas policiales. El caso de las chicas de Felina renueva las cifras que en su edición del jueves 4 registró el diario La Nación. “Crece el tráfico de personas en el país”, titula el artículo y menciona una vez más el último informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, acerca de la Argentina como país de origen, tránsito y destino para el tráfico humano, y su comercialización para explotación sexual y trabajos forzados. El gobierno norteamericano considera la trata y el tráfico como factores que alteran la seguridad interna del país. Los denominan el “tercer vértice” de un triángulo que completan el tráfico de armas y el narcotráfico. Se invierten millones de dólares anuales en programas de seguridad y prevención, pero la contradicción vive en casa: su ciudadanía es considerada una de las mayores consumidoras internacionales del “pack”; mujeres latinoamericanas y asiáticas encabezan oferta y demanda. Las cadenas de prostitución que trabajan en la Argentina para consumidores del Primer Mundo no son tan cerradas ni invisibles; no es necesario echar mano a dispositivos complejos de investigación para dar con redes globales de tráfico ni realizar sortilegios para detectar posibles rutas. Cualquier cristiano puede verlo en sitios de Internet o en páginas de diarios, como los clasificados que aquí aparecen. Quiénes están mirando hacia otro lado, entonces, y cuáles son los motivos para que eso suceda. A cuántos millones asciende el presupuesto oficial destinado a la problemática y cuáles fueron los resultados concretos de estos últimos años, en los que se registró un aumento sostenido del tráfico de personas, como avisa La Nación. Porque, además, va a cumplirse un año del “bloqueo legislativo” al proyecto de ley nacional que tipifica el delito de trata de personas y que cuenta con media sanción del Senado. Las preguntas se amontonan sin respuestas precisas. “Se hace lo que se puede”, contestó días atrás un diputado nacional, consultado sobre las trabas que asfixian ese proyecto de ley. Que los tiempos legislativos suelen correr a contrapelo de las necesidades de la gente es verdad casi de Perogrullo. Mientras tanto, miles de mujeres y niñas envejecidas prematuramente se reducen a cuerpos rotados o exportados para consumo privado, en mundos a la vista de todos.