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El legajo empresario de María Inés tiene tres cuerpos. Por cualquier mínimo atropello ella mandaba cartas documento. Lo hacía sola, sin asesoramiento. Yo creo que hasta que la despidieron no era consciente de que lo que hacía era actividad sindical”, dice Leopoldo Denaday, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ce.Pro.DH) y representante de María Inés Cabrera, una obrera textil que acaba de obtener un fallo histórico para la jurisprudencia laboral: la reincorporación en su puesto de trabajo después de haber sido despedida por causas que la Justicia consideró discriminatorias y que atentaban contra las prácticas sindicales.

María Inés está en su casa de Neuquén, acompañada por tres compañeros de la fábrica. Acaba de llegarle la notificación del fallo judicial del 24 de octubre que ordena su reincorporación y el pago de los salarios no abonados desde su despido a fines de marzo del 2004. Está feliz. “Tengo más ganas que nunca de volver. Estoy nerviosa por tantas emociones. ¿Miedo a represalias? No, creo que tienen más miedo ellos que yo –dice refiriéndose a la empresa–, por lo que pueda generarse dentro cuando yo vuelva. Ahí nadie luchó nunca por nada. Yo me mantuve firme este año y medio por la dignidad, por mis hijos, y porque siempre vi cómo despidieron a mis compañeros cada vez que había revuelo, como a perros.”

María Inés trabajó durante diez años en Pastora Neuquén, una hilandería situada en el Parque Industrial de Neuquén, a pocos metros de Zanon. Su último reclamo empezó a fines de 2003, cuando el sindicato –la Asociación Obrera Textil (AOT)– firmó un acuerdo con la Federación de Industrias Textiles de Argentina (FITA) para “absorber”, es decir no abonar, los 200 pesos de aumento decretados por el gobierno. María Inés y sus compañeros percibieron la maniobra y protestaron. “A fines de marzo del 2004 me despidieron y me depositaron la indemnización, unos 30 mil pesos.” “Nunca vi una patronal que haga una liquidación tan limpia de todos los rubros y aplicando la doble indemnización en todos los casos –recuerda Denaday–. La empresa estaba golpeando justo a tiempo, sacándose de encima a alguien que podía canalizar el malestar general.”

María Inés nunca tocó un peso, a pesar de los apercibimientos de la empresa para que lo hiciera. En vez de eso, el mismo día del despido cruzó el parque industrial y pidió ayuda a los obreros de Zanon, que la contactaron con los abogados del Ce.Pro.DH. Lo que siguió fue el juicio que acaba de concluir una primera etapa con el fallo en primera instancia del Juzgado Laboral Nº 2 de Neuquén, a cargo de la jueza Liliana Parodi. Pastora Neuquén puede apelar, pero con María Inés dentro de la fábrica. María Inés, de 36 años, separada, madre de dos hijos de 4 y 7, recibió en este año y medio todo el apoyo y la solidaridad de sus compañeros. Y Pastora no es una empresa con mayoría de empleadas mujeres, son sólo seis entre 56 operarios.

Discriminaciones

Los abogados elaboraron la demanda apoyándose en la actitud discriminatoria de la empresa y en el no reconocimiento de la actividad sindical de María Inés. Si su militancia espontánea fuera reconocida como lo que es –actividad sindical de hecho–, no podía haber sido despedida. La jueza hizo lugar a estas demandas, centrándose fundamentalmente en las leyes laborales que protegían a Cabrera: la Ley de Contrato de Trabajo y la de Asociaciones Sindicales. Cuando María Inés fue despedida, hacía pocos meses que había salido un fallo fundamental en este sentido: el de Caty Balaguer, empleada de PepsiCo Snacks, que había sido despedida junto a otros cinco compañeros por apoyar la resistencia al despido de 150 compañeras contratadas. Caty también rechazó la indemnización y empezó un juicio por la reincorporación, también llevado por los abogados del Ce.Pro.DH. El fallo de cámara, que salió a fines del 2003, reconocía que Caty era una activista de hecho, pero fundamentalmente decía que había habido discriminación porque fue echada por participar de un conflicto en el lugar de trabajo y porque el marido era delegado.

“El caso Balaguer fue señero en lo que se refiere a reconocimiento de la actividad sindical de hecho. Esto está contemplado por el artículo 47 de la ley 23.551, de Asociaciones Sindicales, que dice que todo trabajador obstaculizado o impedido en su accionar sindical merece la protección de la ley –señala el abogado Héctor Recalde, recientemente elegido diputado por el Frente para la Victoria–. Esa ley es de 1988, yo fui uno de sus redactores, y la idea era proteger la actividad sindical más allá de la protección específica de los delegados. Pero en la práctica recién se la está aplicando ahora, venía demorada por parte de los jueces. No hay que olvidarse que en los ’90 tuvimos al menemismo, la Corte automática y la Alianza. Recién ahora estamos saliendo de la paz de los cementerios, en la Justicia y también en las fábricas, y en esto tienen que ver algunos fallos de la Corte Suprema actual, del año pasado, que colocan los derechos humanos y sociales por encima de las leyes de mercado.”

De acuerdo con las leyes argentinas, los delegados gremiales no pueden ser despedidos, gozan de inmunidad. Pero este beneficio no se extiende a los militantes de hecho.

En movimiento

Todos los especialistas consultados coinciden en que hay un debate dentro de la Justicia, que los jueces están más permeables a los reclamos por actividades sindicales y maniobras discriminatorias, y que esto no está separado del rebrote de la actividad sindical dentro de las fábricas y las discusiones que se están dando por los salarios y las condiciones laborales.

“La situación cambió. En Tribunales ahora se discuten los temas laborales mientras que antes había una cerrazón hacia la actividad sindical –señala Matías Cremonte, abogado de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), una central sindical que pelea justamente por obtener el reconocimiento de todos los derechos, que le es negado por la existencia previa de la Confederación General del Trabajo (CGT)–. Pero lo que cambió no fue la legislación sino la realidad. La legislación todavía está retrasada, debería haber una modificación de la 23.551 que ampliara el sistema de protección a toda la actividad sindical en forma plena y rápida para cualquier despido que sea considerado fruto de la actividad sindical.”

“Hay una tendencia más favorable a los trabajadores en algunos casos –señala el sociólogo Daniel Giménez, del Taller de Estudios Laborales–. Este fue un cambio que se dio aproximadamente a partir del 2001, antes del estallido, y que nosotros lo vinculamos con el agotamiento del modelo anterior y un nuevo espacio político. Lo que no quita que la mayoría siga fallando como en la década pasada. Pero el cambio más importante que vemos es en los trabajadores, aunque aún se manifiesta en forma fragmentaria: hay mayor predisposición a involucrarse en la actividad sindical; y también se percibe una pérdida del temor a las consecuencias.” Magui Bellotti, feminista y abogada laboralista, también detecta cambios: “La Justicia está tomando en cuenta los casos de discriminación contra mujeres y varones, el de Freddo fue el más resonante, y por otro lado hay un movimiento diferente en las consultas. A mí me están viniendo a ver muchas más mujeres que varones, algo que no me había pasado en los 30 años que ejerzo. Esto puede ser en alguna medida un reflejo del mercado laboral, que es mayoritariamente de servicio y ahí la mayoría de las empleadas son mujeres. Pero también es probable que la mujer esté más activa en el reclamo”.

¿Estos cambios en la Justicia también están relacionados con reclamos como el de Freddo (ver aparte)? Y por otra parte: ¿hay mayor participación sindical de las obreras en las fábricas? La ley de cupo sindical, que data del 2002, pero que se va efectivizando en la medida en que se renuevan las delegaciones internas, está activando formalmente la participación de las mujeres. “En este momento hay un montón de negociaciones colectivas abiertas y en esas paritarias también es obligatorio el cupo del 30 por ciento”, señala Cremonte.

“Quizá haya un mayor protagonismo de las mujeres desde el 2001, que se vio fundamentalmente en las asambleas y venía desde antes con los piquetes. No podría decir si esto es extendible a lo que sucede dentro de las fábricas –afirma Belloti–. Pero lo que sí puedo afirmar es que el mayor protagonismo general no se debe sólo a la crisis, sino a una larga trayectoria del movimiento de mujeres, que es dispersa pero permanente. Juntar 30 mil mujeres como hubo recientemente en Mar del Plata no se da de un día para el otro. Lo que se evidencia es un crecimiento en los niveles de conciencia.”