Karina Greppi: En mayo del 2005, Karina Greppi logró un fallo de Cámara que reforzaba el que ya había obtenido en primera instancia, un año antes. La sentencia obligaba a la empresa Telefónica a reincorporarla en su cargo de secretaria ejecutiva, y reponerle los salarios perdidos, por haber incurrido en un acto de discriminación ideológica cuando la echaron en junio del 2001. La razón del despido había sido el reenvío de un mail a sus compañeros en solidaridad con los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, que en ese entonces estaban en conflicto.

María Isabel Pellejero: Fue despedida a comienzos del 2004 del Banco Hipotecario de Viedma acusada de cometer irregularidades en un trámite crediticio. Presentó un amparo en la Cámara en lo Criminal que dictaminó su reincorporación, ya que había sido despedida en forma discriminatoria por ser la esposa de Rodolfo Cufré, titular de la Asociación Bancaria. El fallo fue confirmado por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

María Luján Briasco: Fue despedida por Visa en julio de este año cuando pidió licencia laboral por las pérdidas que le estaba provocando su embarazo. María Luján figuraba como trabajadora eventual de la empresa. La rutina habitual con las trabajadoras eventuales embarazadas es pedir el reemplazo a la empresa proveedora de personal. Pero desde hace un año y medio Visa tiene representación sindical y María Luján tuvo el apoyo de la interna y de distintos sectores sociales que acompañaron un “escrache” internacional a la empresa. Se abrió la negociación y María Luján fue efectivizada (en este momento goza de licencia por maternidad) y reincorporada, y está el compromiso de la empresa de regularizar la situación de 60 compañeros que están en la misma situación que ella.

Freddo: En el año 2002, la cadena de heladerías fue intimada a contratar sólo personal femenino hasta equilibrar la desigualdad de 646 varones y apenas 35 mujeres entre sus empleados. La causa fue iniciada por la Fundación Mujeres en Igualdad y el Centro de la Mujer de Vicente López, y patrocinada por la Clínica Jurídica de Interés Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. Ante el incumplimiento de la condena, el año pasado la empresa fue multada con cuatro mil pesos, y 300 pesos por día más, hasta que diera cumplimiento a lo fallado.