Preserver el patrimonio arquitectónico en todo el ámbito de la provincia es el objetivo de un proyecto de ley presentado por el diputado provincial Antonio Bonfatti (socialismo), que propone establecer tanto incentivos fiscales (50 % de descuento en el Impuesto Inmobiliario) para que los privados conserven sus propiedades con valor arquitectónico, como penalizaciones para quienes los demuelan o modifiquen, llegando incluso a la instancia de expropiación de los inmuebles. La iniciativa apunta a llenar un vacío legal del que adolece la provincia de Santa Fe, y pone en manos de municipios y comunas la gestión de los inventarios de bienes patrimoniales y las herramientas para su conservación.

La experencia de la Municipalidad de Rosario en la preservación del patrimonio urbano -desde los años `80 cuenta con una oficina específica- fue recogida por Bonfatti a la hora de elaborar un extenso proyecto de ley que apunta a "regular la preservación y protección del patrimonio Arquitectónico en todo el ámbito de la provincia, que se encuentra constituido por edificios, sitios o lugares urbanos considerados componentes del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, urbanístico, paisajístico y/o ambiental de los municipios y comunas donde están localizados".

La iniciativa establece distintos grados de protección -desde integral a parcial- sobre los bienes privados alcanzados, y habilita a la autoridad -municipios y comunas- a utilizar diversas herramientas para evitar la demolición o alteración de los bienes que fueran declarrados Patrimonio Arquitectónico Urbano:

* Medidas de no innovar por un plazo máximo de 90 días cuando se configuren situaciones de riesgo inminente de pérdida o deterioro del bien.

* Excepción en el cumplimiento de determinadas disposiciones del Código Urbano y del Reglamento de Edificación cuando resultare pertinente.

* Exención del 50% del Impuesto Inmobiliario, siempre que se use, conserve, mantenga y custodie el edificio.

* Exención total o parcial de las tasas sobre inmuebles que pudiera disponerse localmente mediante la respectiva ordenanza.

Además, la autoridad de aplicación podrá negar, por resolución fundada, la realización de cualquier obra nueva, sea de ampliación o de sustitución. Dicha resolución conllevará la declaración de utilidad pública e interés social quedando "sujeto a expropiación".

También se establece la figura de "obras de ejecución forzosa", ya que se podrá ordenar a los propietarios de inmuebles declarados Patrimonio Arquitectónico Urbano la ejecución de obras de conservación o consolidación cuando su estado pusiera en peligro la permanencia o integridad del inmueble o cuando esté deteriorado. También se podrá, si el caso lo requiere por razones de necesidad o conveniencia, imponer la obligación de demoler un edificio nuevo construido irregularmente o de restituir el estado anterior del bien protegido, a efectos de revertir los daños ocasionados por la infracción cometida.

Los recursos necesarios para los programas de preservación surgirán de un Fondo para la Protección del Patrimonio Arquitectónico Urbano, integrado con el 3 % de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Provincial.

Bonfatti consideró que debe tenerse en cuenta un nuevo término, "el de bien de interés cultural en reemplazo de monumento nacional, de manera que los valores que hoy puedan contar con el reconocimiento de patrimonio cultural no contengan una connotación ligada sólo a lo grandioso y excepcional, sino que se enfoquen a su comprensión como producto de una dinámica social".