A través de la resolución 2031/2008, publicada hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Justicia instruye además al director del Servicio Penitenciario Federal a "cumplimentar los traslados requeridos mediante oficio de autoridad judicial competente, de aquellos detenidos por causas en las que se investiga la comisión de delitos de lesa humanidad que se encuentren alojados en dependencias" de las fuerzas de seguridad.

La resolución establece que dichos traslados deberán realizarse en el plazo de 48 horas desde la recepción de la solicitud.

En los fundamentos se esgrime que "son motivo de investigación los sucesos ocurridos en fecha 26 de julio del corriente año que derivaron en la fuga de Julián Oscar Corres de la Delegación Bahía Blanca de la Policía Federal Argentina, donde se encontraba detenido a disposición del Juzgado Federal número 1 de Bahía Blanca".

Corres estaba detenido en el marco de la causa 05/07, caratulada "Investigación de Delito de Lesa Humanidad cometido bajo control operacional del Comando del V Cuerpo del Ejército".

"Sin perjuicio de expresar la más profunda consternación por el hecho referido y reasegurar el férreo compromiso de esta Cartera de Estado con la investigación de los hechos y las sanciones a quienes se demuestre responsables, deviene necesario poner de manifiesto la situación existente respecto del alojamiento de detenidos en dependencias" de las citadas fuerzas, se indica.

En los fundamentos de la resolución también se explica que los calabozos de esas dependencias "han sido concebidos para albergar en forma transitoria a personas detenidas por infracciones al régimen contravencional, mientras dure la prevención", y que "las Fuerzas no cuentan con personal capacitado para atender los distintos aspectos que se presentan en el manejo carcelario".

Se indica que en la actualidad "la población carcelaria alojada en dichas dependencias excede la capacidad disponible para el normal desenvolvimiento de las actividades de los detenidos, tales como régimen de visitas, recreo exterior, uso de instalaciones sanitarias, comunicaciones telefónicas", entre otras cuestiones.

Los calabozos "no reúnen las medidas de seguridad necesarias para albergar internos que presenten conductas conflictivas y de alta peligrosidad".

También se fundamenta la decisión en que "la gravedad de las circunstancias descriptas se potencia al tratarse de detenidos vinculados a causas en las que se investiga la comisión de delitos de lesa humanidad, cuyo juzgamiento importa a la ciudadanía toda bajo la premisa de 'Memoria, Verdad y Justicia'".

"Es imprescindible que el titular de la cartera cuente con información diaria y pormenorizada acerca de los detenidos autorizados a ser alojados en dependencias" de las fuerzas de seguridad mencionadas.