"El diálogo está en estado de coma, pero no por culpa del gobierno. La Fiscalía y la Policía están cumpliendo su labor", afirmó el diputado y dirigentes del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), Jorge Ledezma, en alusión a la detención del dirigente cívico tarijeño José Vaca, acusado de haber atentado con dinamita contra el gasoducto de Yacuiba-Río Grande.

El legislador, citado por el diario cochabambino Los Tiempos, acusó a los prefectos (gobernadores) de Beni, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija, de "frustrar el diálogo ante su inminente derrota política y la pronta convocatoria al referendo aprobatorio de la nueva Constitución".

La crisis del "diálogo nacional" también llevó a la representación parlamentaria opositora que participaba de ese foro a interrumpir su labor técnica, según dijo el ex asambleista de Poder Democrático y Social (Podemos), Gamal Serhan.

"Lamentablemente después de una sistemática violación a las bases del acuerdo que se suscribió entre el gobierno y los prefectos, no nos queda otra que replegarnos como lo hicieron los prefectos", señaló.

Por su parte, el gobierno negó que exista una amenaza de detención contra los prefectos opositores y los exhortó a retomar el diálogo interrumpido ayer miércoles después de conocerse la detención del dirigente cívico de Tarija.

"No existe absolutamente amenaza alguna sobre ningún prefecto, otra cosa es que algún prefecto sienta temor por algún acto que los bolivianos no conocemos", enfatizó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, al acusar a esos gobernadores de estar poniendo en riesgo el diálogo.

El ministro insistió, citado por el diario digital Erbol, que "no tiene nada que ver" la detención de Vaca con el diálogo "a no ser que alguno de los prefectos tenga algún grado de vinculación con la explosión de la válvula del gas".

"Si los prefectos dicen que son democráticos no solamente debieran censurar y condenar los actos de terrorismo que se cometieron en Tarija, sino también ponerse al lado de la ley; por lo tanto, no hay argumento razonable para que quieran suspender el diálogo", dijo, y aseguró que el gobierno no lo abandonará y pidió a los opositores que no busquen "pretextos".

Asimismo, el juez de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila, ordenó hoy la detención preventiva del dirigente cívico de Villamonte (Tarija), José Vaca, en la cárcel de San Pedro de La Paz, acusado de presunta participación en el atentado terrorista a un gasoducto y por asociación delictuosa.

En tanto, dirigentes sociales afines al gobierno explicaron que la estrategia del oficialismo para aprobar los referendos sobre la nueva Constitución incluyen, además del cerco al Congreso, la búsqueda de respaldos de parlamentarios disidentes del opositor partido Podemos.

"El mismo Presidente puede convocar a Congreso porque está facultado a convocar a los suplentes de los senadores y de los diputados", señaló el principal dirigente de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam), Fidel Surco.

Algo similar sostuvo la senadora suplente del MAS y dirigente de la confederación de mujeres campesinas, Leonilda Zurita.

"Los presidentes, si no están los titulares, pueden convocar a sus suplentes", aseveró, citada por el diario paceño La Razón, al referirse a la posible inasistencia de legisladores de oposición.

Zurita anunció, además, que al menos 500 mujeres engrosarán la marcha de los movimientos sociales que se iniciará el lunes 13 de octubre en Caracollo con la idea de llegar a La Paz para cercar al Congreso.

"Retomamos la marcha porque, realmente, los prefectos no tienen voluntad (de llegar a acuerdos). Haya o no haya (acuerdo) nos vamos a movilizar para pedir al Congreso que saque la convocatoria (a las consultas constitucionales)", anunció.

Según la ley del referendo, el Congreso debe aprobar por dos tercios de votos la convocatoria a la consulta constitucional. En la Cámara de Diputados, el MAS tiene mayoría holgada, pero el Senado está controlado por la oposición.

Por su parte, el titular de la Confederación Única de Trabadores Campesinos, Isaac Avalos, afirmó, pese a su alianza con el gobierno, que "el presidente (Morales) es muy paciente, negociando con destructores de instituciones del Estado, instituciones públicas, negociando con esa clase de vándalos que han maltratado a nuestros hermanos".