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"Alto Parapetí ha llegado a ser un caso muy sensible dentro del proceso agrario boliviano", afirmó el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz.

Señaló que esa zona fue "el punto en el que la resistencia violenta y sediciosa del sector agropecuario impidió el proceso de saneamiento en una acción articulada a las que pretendieron imponer al país una versión de autonomía", por opositores líderes civicos y autoridades de Santa Cruz.

El funcionario, en declaraciones a la Agencia Boliviana de Información (ABI) destacó que en Alto Parapatí, una superficie "de cerca de 40 mil hectáreas, ha sido consolidada en favor de más de 65 propietarios pequeños y medianos productores indígenas", proceso que concluirá la semana que viene.

Pero el director de Tierras, Cliver Rocha, precisó que los terratenientes afectados pueden impugnar la toma de posesión de sus haciendas ante el Tribunal Agrario Nacional, "lo cual puede demorar entre seis y ocho meses la reversión legal de sus latifundios".

Agregó, que el proceso de "saneamiento (revisión de la legalidad de títulos; del carácter de productivo o improductivo del predio y de la existencia de trabajo esclavo) está prácticamente terminado y la próxima semana esperamos que salgan las resoluciones finales administrativas y supremas".

Por su parte, el viceministro recordó los actos de violencia de abril de 2008 cuando una comisión de esa cartera y de la comunidad guaraní fueron atacadas a tiros para evitar el saneamiento por el Estado de las tierras, proceso ahora casi completado.

Almaraz denunció que, incluso, "llegó a torturarse en plena plaza del pueblo a dos profesionales guaraníes: se los flageló públicamente".

Responsabilizó al presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Guido Náyar , -electo el sábado último vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, organismo archirrival del gobierno del presidente Evo Morales- por haber propiciado los flagelamientos de indios en esa zona del rico oriente boliviano.

"El señor Náyar es consciente de la torturas que esos ganaderos suyos, afiliados a la Fegasacruz, infligieron a esos profesionales guaraníes en la plaza de Cuevo", acusó Almaraz.

El Estado recuperará así por improductivas, las haciendas de "El Recreo" (1.935 hetáreas) propiedad de Aniceto Corcuy; también "San Isidro" (3.790 has) de Babil Chávez; "Huarca" e "Itacay (10.958 has)de Elvy Abett de Malpartida y Luis Eduardo Soriano Noriega.

Asimismo serán revertidas a dominio del Estado los fundos "Buena Vista" e "Isiporenda" (4.477 hectáreas), de Julia Aguilera de Chávez y otros.

Igual suerte correrán las haciendas "Caraparicito I y II" (15.262 has. en total) del estadounidense Duston Larsen Metenbrink, emplazadas ilegalmente sobre la "Reserva Privada del Patrimonio Natural" y en "Yaguapoa", donde se constató el carácter improductivo de este último latifundio, afirmó el funcionario.

"Recurriendo a una violencia extrema se le impidió, durante varios meses al INRA (Instituto Nacional de la Reforma Agraria), ejecutar el saneamiento. La violencia fue extrema porque llegó a lesiones muy graves no sólo contra funcionarios del gobierno, sino contra los indígenas guaraníes", lamentó el funcionario.

"Resulta que estos maleantes, Malpartida y Chávez, -me parece que es el término que corresponde a quienes torturan y flagelan a personas amarradas, haciendo escarnio en la plaza de un pueblo, también corresponde el de criminal-, son los que ahora reclaman la acción de la Justicia para evitar la reversión de los fundos que detentaban", advirtió Almaraz.

Agregó que "estas personas son las que ahora aparecen como víctimas del gobierno, que están siendo atropelladas, que están siendo avasalladas, que no se les está reconociendo su derecho".

El viceministro explicó que el proceso de reversión se funda en la ley y que se ha verificado, en Alto Parapetí, "que existen vicios de nulidad en los respectivos títulos y, por otro lado, no existe el cumplimiento de la FES (Función Económica y Social, que alude al carácter productivo de un predio)".

Tras recordar que la nueva Constitución de Bolivia reafirma la legalidad de la lucha contra el latifundio improductivo, Almaraz fustigó a la Justicia boliviana por congelar dos procesos contra el "terrateniente", empresario aceitero y dirigente cívico opositor Branko Marinkovic, en los que se lo acusa de promover un golpe de Estado civil contra el gobierno de La Paz.