En los allanamientos también fueron secuestrados 85 teléfonos móviles clonados, 23 equipos de radio nextel y una bolsa con una gran cantidad de chips.

Los operativos fueron realizados por detectives de la División Delitos en Tecnologías y Análisis Criminal de la Superintendencia de Investigaciones Federales en Colombres al 700 y Urquiza al 300.

Allí fueron apresados un ciudadano argentino, otro dominicano y un peruano, acusados de infringir la Ley 25.891, en relación a la clonación de teléfonos celulares.

La investigación se inició "sobre locales y diversos avisos clasificados publicados en la web, con el ofrecimiento de varios servicios para usuarios de telefonía celular, consistentes en un importante abanico de prestaciones en flagrante violación a la legislación penal vigente, tal el caso de la oferta del desbloqueo de equipos celulares".

"Es decir, a través de un software especializado, se publicitaba y ofertaba la clonación de los teléfonos celulares, procedimiento que se realizaba alterando los códigos electrónicos de los mismos", se indicó.

El personal policial "estableció que la actividad ilícita se materializaba a través de la adquisición, por parte de un grupo de individuos, de una gran cantidad de equipos de comunicación celular sobre los cuales pesaba algún tipo de impedimento técnico o legal".

Luego de adquirir las unidades se realizaba un trabajo de "limpieza" (maquillaje que cubre huellas particulares en la parte externa de la unidad) y se borraban las numeraciones de origen con la utilización de programas informáticos especiales.

Finalmente les implantaban un nuevo sistema, "habilitando de este modo condiciones de seguridad óptimas y el acceso a un normal funcionamiento de los teléfonos celulares".

Se determinó que los delincuentes operaban desde la zona del barrio de Monserrat y posteriormente se intensificaron las actividades de investigación sobre la zona.

En los comercios allanados se hallaban instalados laboratorios técnicos clandestinos, donde se realizaban las tareas de "recepción y desarme primario de las unidades telefónicas" y se remitían los equipos celulares, a los que se les alteraba el IMEI (número electrónico de la carcasa) mediante la implementación de un sistema computarizado y un soft especialmente diseñado al efecto.

La alteración del IMEI permitía evadir los controles tecnológicos de las centrales telefónicas que detectan las unidades afectadas a denuncias por robo, hurto, pérdida o cualquier otro delito.

En los laboratorios técnicos, también se procedía al cambio de la "Tarjeta SIM", acción que permitía que la unidad celular se transformara en otra totalmente distinta a la de origen.

Los allanamientos fueron dispuestos por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1, de María Servini de Cubría.