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La nueva norma, que entrará en vigencia en el 2010, se aprobó con los votos de los 28 senadores del oficialismo y el rechazo de las 12 bancas de la oposición (ARI, GEN, UCR).

La norma, impulsada por el Poder Ejecutivo, crea un nuevo impuesto para los puertos bonaerenses que deberán abonar 6 pesos por cada tonelada de mercadería destinada a la exportación y 18 pesos por tonelada ingresada en concepto de importación.

A pesar de exceptuar del nuevo impuesto a la pesca y algunas mercaderías como la arena y la piedra, entre otros productos primarios, ese punto de la norma generó polémica no sólo con los legisladores de la oposición sino también con algunos del oficialismo.

Durante la votación de esta tarde en el Senado, la oposición rechazó la norma en general y aunque el oficialismo consiguió sancionarla, tres senadores oriundos de localidades que tienen puertos votaron diferenciados de sus pares el artículo que crea este nuevo impuesto.

El senador por Necochea, Javier Mazza, a pesar de apoyar la reforma en general, se abstuvo de votar el impuesto a los puertos, mientras que los de Bahía Blanca, Elsa Strizzi y Santiago Nardelli, votaron en contra de ese artículo.

En ese punto, el Senado aprobó además un proyecto de declaración en el que solicita al Poder Ejecutivo la conformación de una comisión para hacer un seguimiento de la reforma "fundamentalmente en los puertos", según explicó el senador Federico Scarabino.

"Algunos senadores recibimos a representantes de ese sector que mostraron su preocupación por la posible falta de competitividad en los puertos que podría generar este impuesto. Creo que esas discusiones deben darse en el ámbito del Poder Ejecutivo", graficó.

La norma fija también un impuesto a la herencia que deberán pagar "las personas físicas y jurídicas que resulten beneficiarias de una transmisión gratuita de bienes", aunque especifica que estarán exentos del gravamen "cuando el valor de los bienes no superen los 3 millones de pesos".

Los ingresos que se recauden por este concepto se destinarán en forma mayoritaria -80 por ciento- al Fondo Provincial de Educación, mientras que la parte restante -20 por ciento- irá a los municipios.

Además, prevé un aumento del impuesto inmobiliario urbano del orden del 20 por ciento para los inmuebles cuya valuación fiscal se encuentre entre los 100 mil y 200 mil pesos, ajuste que en base a los números que maneja en ARBA alcanzará a unos 800 mil contribuyentes.

La reforma introduce modificaciones también en las valuaciones de los campos ya que aplicará para tomar el valor fiscal el revalúo realizado en el 2005 por lo que en el 2010 habrá aumentos del orden del 30 por ciento en ese impuesto.

Sin embargo, la ley dejó exento de pagar el impuesto a una docena de distritos del sudeste afectados por la sequía y que se encuentran en emergencia nacional, lo que significa que 7 millones de hectáreas no pagarán el tributo.

El gobernador Daniel Scioli defendió ayer el aumento en el Inmobiliario Rural y aseguró que ese sector "debe entender que hay que buscar cierta adecuación con la realidad en el sentido de la distancia enorme que hay entre el valor fiscal y el de mercado de los campos".

Además sostuvo que la reforma "busca corregir distorsiones para llevar mayor equidad" y dijo que esto "no significa resignar la pelea por los puntos de coparticipación que perdió la provincia de Buenos Aires en 1986".

La reforma grava también con el impuesto Inmobiliario a aquellas construcciones radicadas en el ámbito rural cuya valuación fiscal supere los 100 mil pesos.

Además modifica el tributo que se abona en la compraventa de autos usados que en lugar de pagar el impuesto a los Ingresos Brutos lo harán a través del Impuesto de Sellos en el que los Registros de Propiedad del Automotor actuarán como agentes de retención, como medida para evitar la evasión.

También, incluye la posibilidad de que la Agencia de Recaudación provincial de retener y secuestrar a los vehículos de alto valor de mercado que adeuden sumas importantes en concepto del impuesto a los Automotores, conocido como Patente.

Incluye además un incremento en el valor del Impuesto a los Automotores conocido como Patente para aquellos vehículos cuya valuación fiscal supere los 40 mil pesos.