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La organización delictiva fue desbaratada en las últimas horas por la Policía Federal en un amplio operativo que incluyó allanamientos simultáneos en las provincias de Chaco, Córdoba, Buenos Aires y Santa Cruz, donde las jóvenes eran mantenidas en cautiverio y sometidas a explotación sexual.

Las mujeres, muchas de ellas adolescentes, "son en su mayoría de la comunidad toba, analfabetas y extremadamente humildes", aseguró el comisario Jorge Fernández de la Policía Federal, quien encabezó los procedimientos. El comisario manifestó que las chicas "eran rematadas entre los proxenetas por valores de entre 300 y 500 pesos".

Durante los procedimientos, realizados por detectives de la División Trata de Personas de la Superintendencia de Investigaciones Federales, por orden de la Justicia Federal de Roque Sáenz Peña, fueron secuestrados diversos elementos que involucran a los detenidos en una red de trata de personas.

El comisario Fernández indicó que la investigación "comenzó hace siete meses, en relación con la situación de dos de las jóvenes", que ahora fueron liberadas.

El jefe policial explicó que "la buena acción del Juzgado y las pesquisas" permitieron establecer el paradero de las dos personas buscadas y descubrir una organización que funcionaba en el Chaco, donde captaba jóvenes indígenas con falsas promesas de trabajo como niñeras, mucamas, en la atención de enfermos o en comercios, para luego trasladarlas a otros puntos del país.

"Cada uno de los componentes de la red cumplía un rol específico. Había captadores, pasadores, transportadores, colocadores y ablandadores, éstos últimos encargados de violar a las víctimas para quebrarles la voluntad y someterlas", agregó.

Fernández explicó que en su mayoría "las víctimas pertenecían a la comunidad toba radicada en las inmediaciones de la localidad chaqueña de Castelli", donde "las captaban, sometían sexualmente y luego llevaban a la ruta, un punto en el que las entregan a los proxenetas por montos que oscilaban entre 300 y 500 pesos", puntualizó.

La víctimas eran trasladadas luego a distintos puntos del país, donde "las encerraban en alojamientos precarios, enrejados por dentro y por fuera, separadas en boxes en condiciones de hacinamiento, donde debían dormir, comer y hacer sus necesidades fisiológicas", dijo.

Las jóvenes sólo podían salir del lugar para ejercer la prostitución y si se negaban eran golpeadas, quemadas con colillas de cigarrillos, privadas de alimentos e impedidas de salir de su cautiverio.

Los procedimientos se realizaron en la localidad chaqueña de Juan José Castelli; en las localidades de Villa Azcazubi y Berrotarán de Córdoba; en la ciudad bonarense de Tandil y en Río Gallegos.

El jefe policial indicó que durante los allanamientos fueron secruestados teléfonos celulares, libretas con los nombres de las víctimas, facturas comerciales, cuadernos con nombres de clientes, medicamentos, mapas, listados de seudónimos equivalentes a los nombres de las rescatadas, documentos y pasajes de ómnibus.

Fernández también señaló que la investigación continúa y estimó que la información secuestrada durante los procedimientos permitirá "dar pasos significativos" en relación con otros involucrados en la trata de personas.

Las jóvenes quedaron a cargo de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, dependientes del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, que junto con personal de la Dirección Nacional de Migraciones colaboró con la Policía en el operativo.