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Falduto se desempeñaba desde hacía poco más de tres años al frente de la UIF, dependencia con autarquía funcional en jurisdicción del Ministerio de Justicia y cuya misión es investigar el lavado de dinero, y su dimisión fue aceptada mediante el decreto 42/2010, publicado hoy en el Boletín Oficial. En tanto, a través del 43/2010 se aceptó la renuncia presentada por Rabinstein, quien era el vicepresidente del organismo.

En ambos casos, los decretos llevan las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y el titular de la cartera de Justicia, Julio Alak.

El Gobierno designó a José Sbatella como nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera, encargada de investigar el lavado de dinero y operaciones de financiamiento del terrorismo, tras la renuncia de Rosa Catalina Falduto en el cargo.

El ministro de Justicia y Seguridad, Julio Alak, aseguró que Sbatella "tuvo una larga actuación en las leyes de control del Estado relacionado con el control fiscal, y de conglomerados económicos; tiene una trayectoria impecable en la función pública".

Alak informó que, como vicepresidente del organismo, se nombró a Gabriel Cuomo, un especialista en delitos economicos, en reemplazo de Alberto Moisés Rabinstein, que también presentó la dimisión en ese puesto.

El ministro sostuvo que las nuevas designaciones responden a "la necesidad de fortalecer la Unidad a partir de la crisis internacional que vivió el mundo hace poco, donde se recomendó a partir del G-20 que se controle más a los paraisos fiscales por lavado de dinero". "Se ha decidido la optimización de la UIF poniendo al frente a profesionales con una larga experiencia", remarcó Alak, en declaraciones por Radio 10.

La UIF funciona con autarquía en jurisdicción del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y fue creada a partir de la Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo.

Por esa norma, sancionada en el 2000, se encomendó a la Unidad "el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos graves".

Posteriormente se ampliaron sus funciones a partir de la ley 26.268 sobre Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo, sancionada en 2007. De esta forma, la UIF se hizo cargo también del análisis de operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo.