Esta ley, aprobada por el Parlamento el 24 de febrero, establece por primera vez en España la noción de interrupción voluntaria del embarazo. Las mujeres pueden ahora abortar libremente hasta 14 semanas de embarazadas y hasta 22 semanas en caso de "riesgos para la salud" de la madre o "graves anomalías del feto".

La anterior ley sólo autorizaba el aborto en caso de violación (hasta 12 semanas de embarazo), de malformación del feto (22 semanas) o de "peligro para la salud psíquica o física de la madre" (sin limitación de tiempo). La gran mayoría de los abortos se practicaban por el motivo de "riesgo psicológico" para la madre, lo que daba a veces lugar a abortos muy tardíos, a veces con más de seis meses de embarazo.

La oposición de derecha y la Iglesia católica se oponen a esta ley. El Partido Popular (PP) presentó a principios de junio un recurso ante el Tribunal constitucional, considerando contrario al artículo 15 de la constitución que reconoce que "todos tienen derecho a la vida". El Tribunal constitucional dio el miércoles tres días al gobierno y al Parlamento para presentar sus argumentos a favor de la reforma. Podría decidir tomar la decisión excepcional de suspender provisoriamente la aplicación de la ley, a la espera de pronunciarse sobre el fondo.

"En opinión del gobierno, esta ley es constitucional", afirmó el lunes el presidente del gobierno socialista, José Luis Rodriguez Zapatero, que defendió esta reforma en una conferencia de prensa afirmando que "limitaría el numero de embarazos no deseados" y aportaría "más garantías a las mujeres y a los profesionales" que practican los abortos.