El Palacio del Elíseo -sede de la Presidencia de Francia- detalló en un comunicado que durante los diez primeros años tras la adquisición de la nacionalidad se les podrá retirar a los naturalizados franceses de origen extranjero que hayan atentado contra la vida de policías y gendarmes.

La calificación penal de esos atentados contra representantes de la autoridad pública se endurecerá, y sus autores recibirán castigos de 30 años de prisión, condena que no podrá ser reducida, y se añade que se fijarán penas mínimas para los autores de delitos violentos en circunstancias agravadas.

En contra de lo que pretendía el ministro del Interior, Brice Hortefeux, finalmente no se retirará la nacionalidad a los naturalizados condenados por poligamia, según explicó el titular de Inmigración, Eric Besson, porque después de un examen jurídico se ha considerado que esa posibilidad sería censurada por el Consejo Constitucional.

No obstante, Besson avanzó ante la prensa que se van a "agravar las penas" por poligamia, al tiempo que negó que haya "habido un pulso" sobre esta cuestión entre él -contrario a que fuera motivo para retirar la nacionalidad- y Hortefeux.

El ministro de Inmigración también descartó que en la enmienda preparada al proyecto de ley sobre la nacionalidad que desde finales de mes va a defender ante el Parlamento se vaya a incluir -como se había comentado- una disposición para dificultar la adquisición de la nacionalidad de los hijos de extranjeros nacidos en Francia.

Esa cuestión, puntualizó, "necesita un examen en profundidad" y para ello se designará una comisión o una personalidad. Besson advirtió, en cualquier caso, que la idea de limitar el 'ius solis' (derecho del suelo) "no se va a enterrar".

Con los anuncios de hoy, Sarkozy formalizó su anuncio del pasado 30 de julio, cuando adelantó su "voluntad inflexible" de retirar la nacionalidad "bajo ciertas condiciones" a quienes atenten contra una autoridad pública, medida que ha levantado una fuerte polémica. El comunicado presidencial precisó que habrá una reforma de la ley de inmigración "para facilitar conducir hasta la frontera a extranjeros en situación irregular, incluidos, en circunstancias particulares, a ciudadanos de la Unión Europea".

En los casos de ciudadanos comunitarios, el palacio presidencial justifica la reforma de la ley para cuando planteen una "amenaza para el orden público, en ausencia duradera de medios de subsistencia o de abuso del derecho de libre circulación".

Las otras cuestiones precisadas hoy en París incluyen la ampliación de las medidas de vigilancia por medio de una pulsera electrónica para los multireincidentes que hayan sido condenados de nuevo después de cumplir una pena. Además, se anuncia el propósito de mejorar la eficacia de la acción de la Justicia en relación con delitos cometidos por menores, a los que se podría llegar a conducir directamente ante un tribunal específico en caso de reincidencia.

Por último, se prevé aprobar un refuerzo de los poderes de los gobernadores civiles (prefectos) con el fin de que pongan fin a la ocupación ilegal de propiedades públicas o privadas y puedan también ordenar la evacuación de campamentos ilegales.

Todas estas medidas que hoy precisó el presidente francés seguirán un trámite parlamentario inmediato -desde mañana mismo está previsto el debate en el Senado de las que afectan a seguridad interior y a finales de septiembre las que tocan a la nacionalidad- con el fin de que entren en vigor "antes de final de 2010".

Las medidas se han dado a conocer después de que durante el fin de semana miles de franceses se manifestaron en varias ciudades del país para protestar por los planes del Gobierno y, en concreto, por las expulsiones de gitanos, principalmente de origen rumano, practicadas durante las últimas semanas