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En su resolución, los cinco jueces de la Sala de lo Penal del alto tribunal rechazaron por unanimidad el recurso que Garzón interpuso contra su enjuiciamiento y concluyeron que el juez instructor, Luciano Varela, actuó correctamente al denegar unas pruebas que el magistrado había solicitado para tratar de evitar el banquillo de los acusados.

Entre otras cosas, Garzón había pedido que declarasen juristas internacionales y magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional que como él defienden que los crímenes contra la Humanidad no prescriben nunca. Según los jueces del Tribunal Supremo, el "criterio del instructor (Varela) no es ilógico ni arbitrario cuando considera innecesarias las pruebas denegadas".

A raíz de su enjuiciamento, Garzón, de 54 años, fue suspendido provisionalmente en mayo pasado como magistrado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esto, sin embargo, no fue obstáculo para que se trasladara por un periodo de siete meses a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya como asistente del fiscal jefe de ese tribunal, el argentino Luis Moreno Ocampo.

El proceso que culminará con Garzón siendo juzgado y que ha dividido a España entre quienes apoyan al juez y quienes defienden que debe sentarse en el banquillo comenzó con una querella contra él por prevaricación presentada por el autodenominado sindicato Manos Limpias. Esta organización de ultraderecha no cuenta con representación oficial en ningún centro de trabajo en España y está liderada por Miguel Bernad, ex dirigente de Fuerza Nueva, otra formación de extrema derecha.

A Manos Limpias se unió la organización Libertad e Identidad. Y posteriormente presentó otra querella Falange Española de las JONS, heredera del partido único sobre el que se asentó la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), si bien esta formación fue expulsada luego del proceso.

Las organizaciones de ultraderecha sostienen que Garzón se declaró competente en 2008 para investigar la desaparición de miles de personas durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura, pese a que sabía que por ley no le correspondía hacerlo, en virtud de la Ley de Amnistía de 1977. Garzón defiende que el derecho internacional está por encima y sí podía hacerlo.

Pero después de haber acusado al dictador Francisco Franco y a otros 44 ex altos funcionarios de su régimen, todos ellos ya fallecidos, de crímenes de lesa humanidad por la desaparición de más de 100.000 personas durante esa etapa de la historia de España, Garzón se vio obligado en noviembre de 2008 a abandonar la investigación, al verse confrontado con un contundente recurso de la fiscalía. Su abandono fue un duro golpe para los familiares de las decenas de miles de víctimas. La investigación pasó entonces a manos de los distintos juzgados territoriales del país, donde se encuentra ahora.