Jueves, 10 de marzo de 2011 | Hoy
19:35 › LA CáMARA FEDERAL TIENE 5 DíAS HáBILES PARA EXPEDIRSE
Los abogados de Marcela y Felipe presentaron sus alegatos contra la decisión de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien, el 21 de diciembre pasado, dispuso “la extracción directa, con o sin consentimiento, de mínimas muestras de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras” a los hijos adopotivos de la dueña del diario Clarín, para determinar si son o no hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar.
Los camaristas Daniel Rudi, Alberto Criscuolo y Hugo Gurruchaga, integrantes de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, escucharon en primer término a los abogados Alejandro Carrió y Roxana Piña, quienes reiteraron la negativa de los hijos adoptivos de la empresaria a someterse a una extracción voluntaria, como así también sus críticas a la orden de tomarles una muestra compulsiva, cuyo objetivo es comparar el ADN de Marcela y Felipe con el Banco Nacional de Datos Genéticos y determinar si alguno de los hermanos es hijo de desaparecidos.
La defensa de los jóvenes argumentó que la extracción de sangre sin consentimiento era equiparable a "un acto de tortura, vejación, un trato inhumano y degradante". Los abogados de Abuelas Alan Iud y Mariano Beitán replicaron ante la Cámara que esos argumentos eran "inconsistentes" porque la extracción compulsiva de sangre "se autoriza habitualmente y sin repercusión de ningún tipo en delitos de distinta naturaleza. Si fuera un acto de tortura no habría que permitir la extracción obligatoria de sangre a nadie, "ni imputado ni víctima", remarcaron.
La Cámara deberá ahora resolver si avala la decisión de Arroyo Salgado y en caso de confirmarla, podría ordenar que la medida sea de "cumplimiento inmediato", más allá de la apelación que presentarán los abogados de los Noble ante la Cámara Nacional de Casación Penal.
Arroyo Salgado había ordenado la toma de muestras biológicas de sangre, saliva o pelo de manera obligatoria en el Banco Nacional de Datos Genéticos, tras recibir un informe pericial que no garantizaba la fiabilidad de muestras ya existentes desde diciembre de 2009 y entregadas voluntariamente por Felipe y Marcela. Ambos se sometieron a las extracciones bajo la condición de que su sangre y saliva fuese comparada sólo con las de las dos familias querellantes y en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia. Pero luego la Cámara Federal de San Martín amplió el objeto procesal de la causa para ordenar determinar si fueron apropiados en la última dictadura, cuando Ernestina Herrera de Noble los adoptó siendo bebés.
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