Alak aseguró que la que tiene competencia para desalojar a las familias que desde el sábado ocupan 204 viviendas en el Bajo Flores "es la Justicia Contravencional, Penal y de Faltas de la Ciudad" porque los delitos penales como la ocupación de tierras "fueron transferidos por el Congreso de la Nación a la Ciudad el 28 de febrero del 2008". El ministro indicó además que debe intervenir la Policía Metropolitana.

Esta tarde, en una conferencia de prensa, Mauricio Macri, había afirmado que su gobierno no otorgaría ningún beneficio a quienes violen la ley", porque "no es justo" para quienes sí la respetan. Cabe recordar, que el juez federal de Quilmes, Luis Armella, dispuso ayer que la Policía Federal y la Metropolitana actúen en forma conjunta en el desalojo del complejo de viviendas ubicado en Lafuente y Castañares, destinado a albergar a 128 familias del asentamiento "El Pueblito" que viven en las márgenes del Riachuelo, como parte del programa de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo que, en su momento, ordenó la Corte Suprema.

Mientras Armella dio plazo hasta mañana para que los ocupantes del predio se retiren del lugar, el Ministerio de Seguridad de la Nación solicitó extender el plazo de la orden de desalojo para continuar las negociaciones con los usurpadores. En su presentación el ministerio a cargo de Nilda Garré sostuvo que las fuerzas de seguridad “no deben, como principio, realizar tareas propias de la Policía Metropolitana en su condición de órgano auxiliar de la Justicia local, en aquellas cuestiones que remiten a delitos cuya investigación y juzgamiento han sido transferidos desde la órbita nacional a la de la Ciudad de Buenos Aires”.