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Acompañado por una movilización de trabajadores de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y el Premetro (AGTSYP) que denunció una "criminalización de la protesta social", Segovia se había mostrado confiado en obtener un resultado favorable.

"Tenemos a casi 70 compañeros denunciados y, si esto sale bien, los trabajadores del subte podrán seguir saliendo a pelear por sus derechos", sostuvo el delegado gremial, trabajador de los talleres de la línea C.

Las denuncias que recaían sobre Segovia eran por una protesta realizada en la estación Constitución de la línea C el 31 de agosto de 2007, cuando, según lo denunciado, manchó con pintura el rostro del supervisor de seguridad José Cáceres y amenazó a la jefa de vigilancia Verónica Sánchez Sarina.

Además, Metrovías denunció que había rociado con pintura en aerosol una cámara manual y el parabrisas de la cabina de conducción de una formación del subte durante la misma movilización.

Nada de ello pudo probarse en el proceso y la fiscalía terminó pidiendo la absolución que fue otorgada por el Juzgado Oral y Correccional 16, compuesto por los jueces María Cristina Bértola, Fernando Larrain y Gustavo Rofrano.

El lunes, durante la primera audiencia, el delegado había rechazado las acusaciones en su contra al definirlas como "mentiras" promovidas por la empresa concesionaria del servicio. El gremialista insistió con que esa empresa alentó una "persecución sindical" para desprestigiar a la AGTSYP.