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Con la primera de las leyes, la Argentina estará en condiciones de sancionar a aquellas empresas que, a la vez que exploran aguas en disputa con el Reino Unido, exploten yacimientos en zonas que no se encuentran en discusión. La norma, que durante el debate fue considerada "fundamental para sostener el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas", fue aprobada por unanimidad de los 40 senadores presentes, apenas tres por encima de quórum necesario para sesionar.

La iniciativa establece que todas aquellas empresas que realicen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina, sin la habilitación exigida, quedarán excluidas de trabajar en territorio argentino por un plazo de entre cinco y veinte años. En el caso de existir concesiones hidrocarburíferas, esas zonas volverán a dominio del Estado nacional.

La media sanción a la modificación de la actual Ley de Tarjetas de Crédito le exige a los bancos que denuncien ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF) o ante la Justicia, aquellas transacciones sospechadas de fomentar la pornografía infantil o la trata de personas. La iniciativa incorpora un inciso al artículo 23 de la Ley vigente, para que en los resúmenes de cuenta se establezcan cuántas cuotas quedan por pagar y cuál sería el monto. "Hay un sobreendeudamiento de los pequeños consumidores que el año pasado aumentaron sus compras estimulados por las ofertas de rebajas y de financiamiento. Este sistema ayuda a planificar el gasto, a ordenarlo y también ayuda al cliente a controlar a la entidad emisora de la tarjeta", explicó la presidenta de la Comisión de Legislación del Senado, la justicialista disidente Liliana Negre de Alonso. El autor de esa iniciativa fue el kirchnerista jujeño Guillermo Jenefes, quien, a su turno, expresó su "esperanza de que las entidades financieras, en todas aquellas transacciones que se efectúen a través de tarjetas de crédito, busquen algún indicio de que se esté fomentando la pornografía infantil".

Por último, el Senado aprobó por 54 votos a favor, 9 en contra y la abstención de María Eugenia Estenssoro, la media sanción al proyecto de eliminar de manera progresiva los montos no remunerativos en los salarios del sector privado, iniciativa presentada por el radical Nito Artaza, y que contó con el respaldo del diputado laboralista Héctor Recalde. El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta, el radical Alfredo Martínez, vinculó ese tipo de beneficios a las sucesivas crisis económicas de las últimas décadas, mientras que la oficialista santiagueña Ana Corradi de Beltrán respaldó la propuesta y aseguró que es coherente con el proyecto de "inserción social" del gobierno nacional.

El titular del bloque del Frente para la Victoria (FpV), Miguel Angel Pichetto, apoyó la iniciativa, y el presidente de la bancada radical, Gerardo Morales, rescató que el proyecto "está en línea con las decisiones de la Corte Suprema de Justicia". Los senadores Carlos Verna (La Pampa), Juan Carlos Romero (Salta), Sonia Escudero (Salta) y Liliana Negre (San Luis), todos del PJ disidente, y la porteña de la CC María Eugenia Estenssoro criticaron que los beneficios no fueran extendidos a los empleados estatales.

El proyecto establece que "a partir del primero de 2011 toda suma cuya obligación de pago a favor de los trabajadores que se establezca en convenios colectivos tendrá carácter remunerativo". El artículo 2 señala que "las sumas no remuneratorias que se encontraran previstas en convenios o acuerdos colectivos celebrados con anterioridad, adquirirán carácter remuneratorio de manera escalonada y progresiva… a razón de un 20 por ciento de su valor por cada trimestre, contados a partir de los 90 días de la publicación" de la ley. Otro artículo de la iniciativa señala que "en las negociaciones colectivas que se desarrollen en 2011, las sumas con carácter no remunerativo sólo podrán mantener tal carácter por el término de seis meses". La propuesta debatida fija que "las sumas con carácter no remunerativo pactadas en el año 2011 no podrán ser superiores al 50 por ciento del incremento salarial acordado en esa negociación colectiva".