[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

La orden del municipio de desalojar el predio, un bosquecito de árboles añosos que se encuentra en el tramo final de la obra de 40 cuadras, contó con apoyo de los bomberos y continuaba esta tarde con enfrentamientos con los acampantes y otros vecinos que se acercan al lugar.

"Se llevaron al concejal Gustavo Debenedetti y el abogado Raúl Quintabani", dijo Julian Gutierrez, un vecino que también acudió en ayuda de los jóvenes acampantes en momentos en que protagonizaban el primer enfrentamiento con la policía.

Mientras que desde la intendencia aseguran contar con la aprobación del proyecto, la empresa licitada Cartellone confirmó que "ya se cumplió con el 80 por ciento de los pagos a la empresa".

Las manifestaciones en contra del vial costero comenzaron cuando se aprobó el proyecto el 24 de diciembre de 2004 en el Consejo Deliberante de Vicente López.

La primera etapa del proyecto, que abarca desde la General Paz a la calle Arenales. La segunda parte restante comprende desde Arenales a la calle Paraná. Y los vecinos señalan que el proyecto afectará a terrenos costeros, a un campo de deportes, un barrio e incluso una reserva ecológica.

El proyecto del Vial Costero, financiado por la Dirección de Vialidad Nacional, implica la construcción de una autopista de cuatro carriles, que se ubica en forma paralela entre la Avenida del Libertador y el Río de La Plata, y se extiende a lo largo de todo el partido de Vicente López, recorriendo más de 40 cuadras.

La avenida funcionará como un nuevo acceso desde la ciudad de Buenos Aires a provincia y viceversa, pasará por debajo de la General Paz y empalmará con la avenida Cantilo y Lugones, indicó Miguel Quintabani, uno de los abogados de los vecinos. Además, la megaobra prevé la construcción de un proyecto inmobiliario frente al río.

Ante esta situación y el constante avance de la megaobra, la Asociación Civil Pro Vicente López y el centro cultural La Galpona, junto con el apoyo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), llegaron a presentar al Juzgado Federal de San Martín una medida cautelar para suspender las obras.