La magistrada dio por cerrada la investigación del caso y el juicio estará a cargo del Tribunal Oral Criminal 21, integrado por los jueces Carlos Bossi, Horacio Dias y Diego Barroetaveña.

Beatriz Rial, la mamá de Mariano Ferreyra, había solicitado hace menos de un mes a la jueza que elevara la causa a juicio oral. Para esta querella, Pedraza y Fernández fueron “instigadores” y hubo seis coautores del homicidio y de los intentos de asesinar a balazos a otras tres personas: el delegado Pablo Díaz, quien fue reclutador de los matones y daba instrucciones en el lugar; el delegado Claudio Alcorcel, que fue nexo con el barrabrava Cristian Favale; el propio Favale y el barra Gabriel Sánchez –ambos acusados de haber hecho los disparos– , a los que se suman Salvador Pipito y Jorge González, que intentaron evitar que las cámaras de televisión filmaran. Los ferroviarios Guillermo Uño y Juan Carlos Pipito son señalados como partícipes necesarios.

El fiscal Fernando Fiszer había afirmado antes que la investigación cuenta con evidencias claras de que Pedraza, Fernández y el delegado Pablo Díaz, también encargado de la Comisión de Reclamos, actuaron como instigadores del homicidio de Ferreyra. Tenían, sostuvo, una motivación: “aleccionar” a los trabajadores tercerizados que cuestionaban el sistema de subcontratación de servicios ferroviarios para abaratar costos (hasta quedó demostrada la relación de Pedraza con una de las “empresas tercerizadas”, la Cooperativa Unión del Mercosur). Regularizarlos era una amenaza para su hegemonía en la UF, por eso la fiscalía planteó que querían asegurar su “poder político y económico”.