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"El hecho de que un funcionario dispare en la cabeza de una persona que se encuentra huyendo o reducida constituye un hecho de violencia extrema y un uso inadmisible de la fuerza letal que ocasiona un daño muy superior al que se pretende evitar y que se encuentra en contradicción con las normas internacionales y de la propia institución", afirmó Marcela Perelman, coordinadora del área de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional del CELS.

Según los testigos, el policía Enzo Fabián Álvarez estaba fuera de servicio cuando fue asaltado por Bruno Pappa, de 26 años, y otro joven, quienes lo amenazaron con una réplica de una pistola y le quitaron su mochila y su billetera. El mismo relato indica que "el policía los dejó alejarse pero luego se identificó, los alcanzó, forcejeó con uno de ellos y le disparó cuando ya se encontraba en el piso".

El caso se suma a los homicidios de Rodrigo Alfredo Romero, de 16 años, y Jesuán Ariel Marchioni, de 23, asesinados el 15 de agosto por David Alejandro Barrios, otro efectivo de la Metropolitana que se encontraba fuera de servicio, que viajaba en colectivo por la localidad bonaerense de Avellaneda.

Según el Cels, "el proceso institucional impulsado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para contar con una policía diferenciada de las existentes tiene serias deficiencias, y en los últimos meses se han reiterado casos en los que se reproducen las peores prácticas de uso abusivo de la fuerza letal".

El organismo aclaró que la normativa indica que el uso de armas de fuego se restringe "solamente en caso de legítima defensa, propia o de terceros y/o situaciones de estado de necesidad en las que exista peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas protegidas, o para evitar la comisión de un delito que entrañe ese mismo peligro, debiendo obrar de modo de reducir al mínimo los posibles daños y lesiones a terceros ajenos a la situación".

"Desde el CELS demandamos que se esclarezcan las responsabilidades penales por parte de la Justicia y que se lleve adelante la investigación administrativa correspondiente, a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires", concluye el comunicado.