Los organizadores del acto leerán un manifiesto de respaldo a Baltasar Garzón impulsado por intelectuales, políticos y artistas, quines además invitan a adherir al documento. La convocatoria rechaza "la impunidad del franquismo" y se pronuncia "a favor de la justicia universal contra todo tipo de genocidio".

"Es contradictorio que Garzón haya podido juzgar en España a genocidas argentinos y de otros países, siendo elogiado, pero no de España, donde también hay decenas de miles de desaparecidos y unos 30 mil niños apropiados", subrayó Castaño. El juez Garzón se declaró competente en el 2008 para investigar los crímenes cometidos durante el régimen de Francisco Franco (1939-75), impuesto tras la guerra civil (1936-39), que no habían sido investigados penalmente en España hasta entonces. Al año siguiente, el Tribunal Supremo de España procesó a Garzón por prevaricación, una acusación basada en que decidió investigar los crímenes del franquismo pese a la existencia de una Ley de Amnistía.

Suspendido en sus funciones, el juez Garzón enfrenta un pedido de hasta 20 años de inhabilitación en las querellas iniciadas por dos grupos de ultraderecha. En la investigación por la que ahora está siendo juzgado, entre otras medidas, Garzón ordenó exhumar restos de 19 fosas y cifró en 114.266 el número de desaparecidos entre 1936 y 1951, aunque luego recibió un listado de más de 130.000 nombres.

"Con el acto de esta tarde, queremos expresar nuestra disconformidad por el hecho de que España haya aplaudido la jurisdicción universal cuando Garzón juzgó a genocidas argentinos pero ahora se lo acuse por investigar el genocidio perpetrado por el franquismo", insistió Castaño. La presidenta de la Comisión de Desaparecidos Españoles en la Argentina recordó que en 1996, con "una muy importante intervención del fiscal Carlos Castresana", Garzón comenzó a investigar los crímenes del terrorismo de estado en la Argentina. "Hasta entonces, España no juzgaba a los genocidas argentinos, a diferencia de Francia, Italia y otros países, con el argumento de que las leyes españolas no permitían juzgar en ausencia", recordó.

El fiscal Castresana y el juez Garzón invocaron en 1996 la supremacía de la legislación y los convenios internacionales, "y a partir de ahí se abre en España la posibilidad de juzgar por crímenes de lesa humanidad cometidos en cualquier país", subrayó. "Todo esto tuvo una repercusión internacional muy fuerte y Garzón alcanzó un prestigio muy grande, ya que, en nuestro caso, contribuyó también a que luego se anularan en la Argentina las leyes de impunidad y comenzaran los juicios", agregó la presidenta de la Comisión constituida en el 2005.

Entre los detenidos desaparecidos durante la última dictadura en la Argentina se cuentan al menos un centenar de nacidos en España y otros 2000 de origen español, es decir, hijos o nietos de nacidos en aquel país a los que aplica el derecho de sangre, precisó Castaño.