El vocero no dijo de manera directa si el gobierno vio con buenos o malos ojos la decisión de la Justicia, no obstante sostuvo que "si hay una construcción ilegal sobre propiedad privada, debe ser desmantelada" y remarcó que cualquier acuerdo que alcance Netanyahu con los colonos será presentado ante el Tribunal Supremo.

En total hay 18 casos de este tipo, incluyendo el de Migron, presentados ante el Tribunal Supremo, informó la organización Paz Ahora, que utilizó el camino de presentar estas peticiones ante el máximo órgano de justicia como una forma de presionar al Ejecutivo israelí para que tome alguna decisión sobre el tema que es uno de los puntos de mayor discordia con la Autoridad Palestina.

"En 2011, el Estado informó al Tribunal de su intención de establecer oficialmente once nuevos asentamientos a través de la legalización de asentamientos ilegales, que dan cobijo a 2.300 colonos en un total de 680 estructuras", denunció el encargado de Paz Ahora para Jerusalén, Lior Amihai.