El juez federal Norberto Oyarbide había citado a los represores para interrogarlos sobre lo sucedido a un grupo de opositores a la dictadura de Francisco Morales Bermúdez detenidos inicialmente en su país por militares peruanos y luego trasladados a la Argentina, donde estuvieron detenidos ilegalmente en Jujuy y Buenos Aires. Entre las víctimas había dirigentes políticos, sindicalistas, un periodista e incluso integrantes de la marina.

Los peruanos fueron secuestrados el 15 de mayo de 1978 en su país y, tras recibir una golpiza, fueron subidos a un avión que los trasladó, engrillados, a la provincia de Jujuy. Allí los llevaron al Regimiento de Infantería de Montaña Nº 20, donde les informaron que eran “prisioneros de guerra”. Los presionaron para que firmaran un pedido de asilo político, y como se negaron los mandaron a Coordinación Federal, en Buenos Aires. Finalmente fueron expulsados a terceros países.

En esta causa, el juez Oyarbide había pedido hace quince días la captura del ex presidente de facto peruano Morales Bermúdez, el militar que derrocó en 1975 al gobierno de Juan Velasco Alvarado. El Plan Cóndor fue un programa de represión coordinada que las dictaduras del Cono Sur implementaron en la década del ’70 para detectar en cualquiera de sus territorios actividades supuestamente subversivas y combatirlas de forma mancomunada.

Videla y Harguindeguy están presos en otras causas por delitos de lesa humanidad. El expresidente de facto, de 86 años, cumple dos condenas en la cárcel de Campo de Mayo, mientras que su exministro, de 84, pidió el beneficio del arresto domiciliario, pero la Justicia se lo rechazó.