El fiscal federal Jorge Di Lello presentó un requerimiento ante el juez Ariel Lijo para que abra una investigación sobre la evolución del patrimonio del vicepresidente Amado Boudou desde que ocupó sus primeros cargos como funcionario público. En el mismo planteo sostuvo que la pesquisa debe orientarse a analizar su presunta vinculación con más de una decena de empresas y determinar el papel de su socio y amigo José María Núñez Carmona, del director de la ex Ciccone Calcográfica Alejandro Vandenbroele y de su novia, la periodista Agustina Kämpfer. Di Lello se basó en la denuncia presentada por el abogado mediático Alejandro Sánchez Kalbermatten y pidió medidas para determinar sus ingresos y cotejarlos con sus adquisiciones y gastos en general.

El denunciante es el periodista Christian Sanz, director del sitiode Internet Tribuna de Periodistas, especializado en denuncias. Por ejemplo, sostuvo que el testigo desaparecido Julio López se autosecuestró en connivencia con la SIDE y que la presidenta Cristina Kirchner no se recibió de abogada (ver recuadro). El letrado que representa a Sanz contra Boudou, Sánchez Kalbermatten, fue denunciado por la familia de López por presentar con amplia difusión un testigo de identidad reservada que decía (falsamente) que había sido enterrado en el Parque Pereyra Iraola. Declaró su admiración por Bernardo Neustadt y en la página de su estudio publica un saludo manuscrito del golpista Mohamed Alí Seineldín.

El juez que deberá decidir los próximos pasos, Lijo, es el mismo que quedó a cargo del caso Ciccone después de que la Cámara Federal desplazara a su par Daniel Rafecas por sospechas de parcialidad. La denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito contra el vicepresidente está estrechamente relacionada con esa causa: fue hecha en base a datos señalados por algunos medios más la publicación de sociedades en el boletín oficial y plantea que Vandenbroele, Núñez Carmona y Kämpfer, entre otros nombres, podrían ser sus “testaferros”, aunque no presenta ninguna prueba.

Di Lello impulsó la investigación a pesar de que Sanz no ratificó su presentación por considerar que ante datos verosímiles las normas procesales lo obligan y porque “la existencia de numerosas, mediáticas y mediatizadas causas en trámite” completarían el cuadro de “trascendencia institucional”. En la jerga de tribunales, el “requerimiento” contra Boudou implica que está imputado. De todos modos, todavía la Justicia tiene que investigar los bienes del vicepresidente y compararlos con sus ingresos como funcionario (según su página web, desde 1998 tuvo cargos en la Anses). Esto abarca su patrimonio público y reconocido, pero también implica el rastreo de un supuesto patrimonio oculto, a través de prestanombres. Recién cuando los investigadores terminan ese inventario –lo que puede tardar meses o años– deben establecer si hay sospechas de un origen ilícito. Si es así, el juez le pide al funcionario bajo sospecha que justifique cómo obtuvo cada cosa y si cree que su explicación no alcanza, puede procesarlo.

Entre las empresas que Di Lello pidió investigar figuran la Compañía de Valores Sudamericana (el nombre actual de la ex Ciccone), The Old Fund (el fondo que ingresó para el rescate de la imprenta y cuyo director es Vandenbroele) y London Supply (una firma que puso 1,8 millón de pesos para levantar la quiebra y los recuperó en cuestión de días). Según la esposa de Vandenbroele, Laura Muñoz, su marido (con quien está trámite de divorcio) es testaferro de Boudou. Pero ambos niegan conocerse. Vandenbroele trabajó para Núñez Carmona.

Di Lello empezó por pedir cosas básicas: sus declaraciones juradas, la acreditación de sus ingresos y los registros de propiedad (inmueble, automotor, embarcaciones, entre otras). Le sugirió al juez que lo notifique para que pueda acceder a la causa. Desde 1983, sólo dos funcionarios fueron condenados por este delito: María Julia Alsogaray y el ex presidente del Concejo Deliberante José Manuel Pico, aunque hubo causas abiertas contra muchísimos funcionarios.