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La denuncia fue efectuada por el periodista local, Daniel Quiroga, quien envió una nota al máximo cuerpo tribunalicio en la que recuerda que el magistrado fue señalado como asesor de la policía provincial en el juicio por detenciones, torturas, desapariciones y muerte de ciudadanos puntanos ocurridas en 1976.

"Maqueda ha demostrado con su proceder de ocultamiento de haber pertenecido al gobierno de facto más cruel y genocida de la historia, violentando profunda y gravemente el cuadro ético y moral, imprescindible en los magistrados y que lo hace, definitivamente, no apto para desenvolverse en un sistema democrático de gobierno", afirmó Quiroga.

El magistrado cuestionado desempeñó a lo largo de su carrera otros cargos públicos como el de Juez Civil, titular del Juzgado Civil N°2, ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de San Luis y fue integrante de la Cámara de Apelaciones en lo Civil N°2 de la ciudad de San Luis.

Este último cargo lo desempeñó en forma interrumpida hasta ser designado Fiscal de Estado de la provincia de San Luis, sin renunciar a su cargo de camarista, para lo que requirió el uso de una licencia aprobada por el STJ , lo que le permitió actuar como juez y parte en los distintos expedientes de la provincia y que se tramitaban ente el Poder Judicial.

Maqueda, además, estuvo ligado al oficialismo provincial en el que ejerció cargos ministeriales; fue director de las empresas mediáticas de la familia Rodríguez Saá; rector de la Facultad Católica Pío XII, en la carrera de Abogacía dependiente de la Universidad Católica de Cuyo y fue ministro de Acción Social en el gobierno de facto del brigadier Hugo Nicolás Eugenio Di Rissio.