Miércoles, 30 de mayo de 2012 | Hoy
23:54 › UNA CITA PARA NEGAR
El exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, decidió hablar en su segunda citación indagatoria ante el juez Norberto Oyarbide y negó que pueda haber cometido un fraude al Estado, uno de los cargos que se le imputan, porque consideró que los fondos girados para la construcción de viviendas mediante el programa Sueños Compartidos "dejaban de ser públicos" cuando entraban en la fundación "por pago de obras y contrataciones realizadas". Además, Schoklender reconoció su "responsabilidad y liderazgo" sobre el programa en cuestión, pero deslindó las decisiones en la titular de Madres, Hebe de Bonafini, y su hija Alejandra. Sin embargo, la documentación en poder del juzgado probaría que Schoklender era "socio y fundador" de dicho Consejo, con lo cual no podía desconocer las decisiones que se tomaban. Oyarbide volvió a rechazar la excarcelación.
Ante Oyarbide, el mayor de los hermanos Schoklender sostuvo que "la única irregularidad que a su criterio podría haber existido" en el manejo de los subsidios "correspondió a Alejandra Bonafini ya que era quien los gestionaba". Y aunque, según la investigación judicial, Schoklender formaba parte del Consejo que tomaba las decisiones, en su declaración explicó que se había creado una estructura de gestión dividida por áreas a partir del volumen que adquirió el programa.
Tras concluir la declaración, el exapoderado volvió a ser llevado a la cárcel de Ezeiza luego de que el juez rechazara un nuevo pedido de excarcelación presentado al cabo de la audiencia.
Para citarlo a indagatoria, Oyarbide ya considera probado que "una gran cantidad de fondos del Estado Nacional para la afectación concreta en el plan de viviendas salieron de la Fundación autorizados por quienes, en su entonces, revestían el carácter de apoderados".
Además de Sergio, están detenidos e imputados de integrar la misma asociación ilícita sus hermano Pablo y el contador Alejandro Gotkin, que actuaba como presidente de las empresas Meldorek S.A. y Antártica Argentina S.A, que actuaban para el programa de viviendas sociales.
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