El dictamen salió con el respaldo de los legisladores oficialistas y aliados, además de los senadores opositores Juan Carlos Romero (Peronismo Federal), Luis Juez (Frente Cívico de Córdoba-FAP) y Samuel Cabanchik (Bs.As. Federal). En tanto, el radicalismo y parte de los representantes del FAP expresaron su rechazo al proyecto.

El presidente de la comisión de Presupuesto, Aníbal Fernández, expuso en la reunión el contenido del proyecto y ratificó que "es vocación de este gobierno" seguir trabajando en "recuperar para el Estado las capacidades indelegables e insustituibles como es la emisión de moneda de curso legal".

El exministro precisó que el Gobierno calcula que no tendrá que pagar nada por la empresa porque se compensará con los poco mas de 250 millones de pesos que la empresa debe a la AFIP, compuestos por 245.2 millones de pesos de deuda con el organismo fiscal más los 6.5 millones que adeuda del plan de facilidades que se le concedió.

El senador socialista Rubén Giustiniani y el radical Gerardo Morales se pronunciaron también en contra del proyecto y plantearon la necesidad de contar con mas información sobre la Compañía de Valores Sudamericana.

Para eso pidieron infructuosamente que se citara para una próxima reunión a Alejandro Vanderbroele, a quien se señala como presunto testaferro del vicepresidente, Amado Boudou, en irregularidades vinculadas a la quiebra de Ciccone que investiga la justicia; el ministro de Economía, Hernán Lorenzino; el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa y la presidenta de la Casa de la Moneda y actual viceinterventora de Ciccone, Katia Daura.

El jefe del bloque del FPV, Miguel Angel Pichetto, al cerrar el debate que llevó dos horas y media, indicó que se sabe que "el único acreedor" de la empresa es la AFIP y aseguró que la estatización "no tiene nada que ver" con encubrir responsabilidades en el presunto delito que investiga la Justicia.