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Ante un fuerte operativo de seguridad y vallados en el Centro Cívico, al igual que en la Legislatura y el edificio de la Caja de Jubilaciones, el titular del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), José Pihen, pidió públicamente al gobernador De la Sota por la "derogación" de la cuestionada ley.

Además, solicitó al mandatario local que "convoque de inmediato a todos los gremios para analizar propuestas" tendientes a hacer eficiente el sistema previsional provincial. El SEP asegura contar con una iniciativa de 23 puntos para mejorar la situación financiera de la caja previsional.

El secretario general de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc), Juan Monserrat, destacó el "elevado nivel de participación" en la marcha de este mediodía y anticipó que "el plan de lucha va a continuar para resistir a esta ley que avanza sobre el 82 por ciento móvil y los haberes de los compañeros".

Monserrat también ratificó que el próximo jueves, con la firma de 23 gremios estatales, se va a presentar ante el Tribunal Superior de Justicia un planteo que "acción de inconstitucionalidad" en contra de la ley 10.078 que introduce los cambios cuestionados.

La norma cuestionada fue aprobada el pasado miércoles por la Legislatura provincial y presentada minutos antes en forma personal por el gobernador De la Sota. Además, se sancionó en un trámite sumarísimo y sin debate con la mayoría del oficialismo parlamentario.

El principal punto de conflicto de la nueva legislación tiene que ver con posponer por seis meses los aumentos que deben otorgarse a los jubilados cada vez que lo perciben los activos.