La presidenta Cristina Kirchner convocó a sesiones extraordinarias para tratar el tema, dos días después de que la justicia tucumana liberase a todos los trece imputados por la desaparición y promoción a la prostitución de la joven Marita Verón, ocurridas hace diez años.

El proyecto había perdido estado parlamentario al cierre de las sesiones ordinarias por la resistencia del oficialismo de avanzar con la reforma, que reclamaron desde un primer momento organizaciones de la sociedad civil. Las ONG cuestionaban que tal como se había aprobado en 2008 –cuando se tipificó el delito de trata–, la Ley 26.364 no permitía la persecución efectiva de los tratantes por ser demasiado blanda.

La iniciativa entiende por trata de personas “el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, en el territorio nacional o desde o hacia otros países”, y amplía la definición de explotación al incorporar también la esclavitud, el trabajo forzado y el matrimonio servil.