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La Cámara de Diputados aprobará mañana la reforma a la ley de trata, que tiene media sanción del Senado, y que hace lugar a las críticas que había recibido la norma desde su sanción, en 2008, particularmente en dos puntos: no acepta que el “consentimiento” de la víctima mayor de 18 años pueda exculpar a quien la reclutó o explota y propicia en todos los casos que las penas sean de cumplimiento efectivo. También incluye entre los delitos la promoción de la pornografía infantil y contempla avances en la protección y garantía de los derechos de las víctimas. Sin embargo, algunas voces, como la de la diputada Marcela Rodríguez –que firmará un dictamen en minoría–, cuestionan que la ley no apunte a eliminar la prostitución ni a penalizar a quien pague por sexo, entre otros aspectos.

Hoy a las 10 está previsto un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familia y Presupuesto, del que surgirá un dictamen de mayoría. Según adelantó a Página/12 el presidente de Legislación Penal, el kirchnerista Oscar Albrieu, no se le introducirán modificaciones al texto aprobado por el Senado en septiembre de 2011, para evitar que tenga que regresar a esa Cámara y así pueda discutirse mañana en el recinto.

El tema será tratado en Diputados después de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo incluyera entre los proyectos para debatir en las sesiones extraordinarias, tras el fallo que absolvió a los trece imputados en el juicio por la desaparición y promoción de la prostitución de Marita Verón. El proyecto había perdido estado parlamentario al cierre de las sesiones ordinarias por la resistencia del oficialismo de avanzar con la reforma, que reclamaron desde un primer momento organizaciones de la sociedad civil. Las ONG cuestionaban que tal como se había aprobado en 2008 –cuando se tipificó el delito de trata–, la Ley 26.364 no permitía la persecución efectiva de los tratantes por ser demasiado blanda.

El proyecto entiende por trata de personas “el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, en el territorio nacional o desde o hacia otros países”. Y amplía la definición de explotación al incorporar también la esclavitud, el trabajo forzado y el matrimonio servil. Aclara que “el consentimiento de la víctima no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal”. Este último punto es crucial: la ley vigente diferencia entre víctimas mayores y menores de 18 años. Las mayores de edad deben demostrar que no han dado su consentimiento para estar en la situación de trata o explotación.

El proyecto establece penas mínimas de cuatro años para la trata –lo cual propicia su cumplimiento efectivo e impide el beneficio de la probation– y fija penas de 8 a 12 años cuando, como consecuencia de la trata, se llega efectivamente a la explotación de la persona. El proyecto suprime la posibilidad, prevista en la Ley 26.364, de que las penas puedan reducirse para los partícipes que proporcionen datos para rescatar víctimas o esclarecer delitos.

Según el texto aprobado en el Senado, las víctimas tienen derecho a “prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado”, a “recibir asistencia psicológica y médica gratuitas”, a “recibir capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo” y a “recibir asesoramiento legal y patrocinio jurídico gratuito”, así como “a la incorporación o reinserción en el sistema educativo”. Si la víctima es extranjera, tiene derecho a “permanecer en el país” y “será informada de la posibilidad de formalizar una petición de refugio”. Para la diputada Marcela Rodríguez, que integra un monobloque, se debería avanzar en el texto con medidas puntuales para sacar a las mujeres de la prostitución, como pensiones graciables o algún plan social específico, para poder garantizar su reinserción laboral y que no vuelvan a caer en redes de trata, por su propia vulnerabilidad social. Otro aspecto que critica Rodríguez –quien ha estudiado ampliamente la temática– es que “no se castiga severamente a quienes explotan a las mujeres ni a quienes son dueños de los prostíbulos”.

La ley con media sanción dispone, además, la creación de dos nuevos organismos. Uno es el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, destinado “al seguimiento de todos los temas vinculados con esta ley”. Incluirá representantes de los tres poderes, de las provincias, de los consejos nacionales de Niñez y de las Mujeres y contará con tres representantes de organizaciones no gubernamentales. El otro organismo es el Comité Ejecutivo, que “tiene a su cargo la ejecución de un Programa Nacional” sobre el tema: se conformará con representantes de los ministerios de Justicia, Seguridad, Trabajo y Desarrollo Social.

Más de una veintena de ONG que integran la Campaña Abolicionista “Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución” expresaron su apoyo a las modificaciones que se votarán mañana. “Celebramos los avances de esta reforma que ya tiene media sanción del Senado de la Nación y esperamos que Diputados la sancione a la brevedad, sin volver atrás en lo ya conseguido”, declararon en un comunicado de prensa. “En materia de asistencia a las víctimas, también se han registrado avances. En primer lugar porque se incluye no sólo las víctimas de trata, sino asimismo las de explotación, es decir todas aquellas afectadas por los delitos que el artículo 2º de la Ley 26364 define como fines de la trata de personas. En segundo lugar, porque los derechos de las víctimas trascienden la mera asistencia y se dirigen a garantizar la restitución de sus derechos sociales, económicos y culturales. En tercer lugar, porque se establece un Comité Ejecutivo para la lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas para el cumplimiento de estos objetivos”, señalaron. Otras ONG, en cambio, plantean que la ley debería ser más severa.