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“(Rodolfo Aníbal) Camps era un coronel del Ejército, y en su indagatoria fue muy claro: dijo que su función fue venir a la provincia de Buenos Aires a adaptar la policía a la lógica militar. Y a partir de ahí la policía adopta una lógica militar, incluso el jefe de policía tenía un Estado Mayor, y eso es una lógica absolutamente militar. Camps se valió de las mismas estructuras que ya estaban en funcionamiento en la provincia y hubo un apoyo casi total de la represión en las estructuras de la Bonaerense.”

Hernán Schapiro y Gerardo Fernández encabezaron la acusación fiscal durante el juicio oral que se desarrolla en La Plata por 280 víctimas del Circuito Camps. El juicio concluye mañana miércoles con la sentencia a cargo del tribunal integrado por Carlos Rozanski, Mario Portela y Roberto Falcone. Los fiscales pidieron 15 perpetuas sobre 23 acusados, entre ellos para los jefes superiores de la represión como el ex ministro de Gobierno Jaime Smart, que luego de la muerte de Ibérico Saint Jean es el único civil imputado; para el ex comisario Miguel Etchecolatz y para Camps. También para los jefes de los centros clandestinos y para los que intervinieron en el operativo de la calle 30, del que se llevaron a Clara Anahí “claramente con vida” –como se dijo–, la nieta de Chicha Mariani. Las penas se pidieron por delitos de genocidio y de lesa humanidad. El rol de cada centro, la dimensión siniestra de la represión en La Plata, especialmente sobre los estudiantes, y la Bonaerense tomada como brazo ejecutor del Ejército fueron algunos de los puntos que definen como claves del juicio.

–¿Cuál es la expectativa para mañana?

Hernán Schapiro: –Esperamos que recojan nuestros planteos. Es una sentencia muy importante en una causa muy compleja, con muchos imputados, muchas víctimas y delitos muy terriblemente graves. Y una causa que permitió sacar a la luz más de esta estructura diabólica que fue el Circuito Camps.

–Empezaron el juicio con la hipótesis de probar los subcircuitos.

–Se logró acreditar a nuestro juicio cómo funcionó el Circuito y el rol de cada centro clandestino. En ese sentido, se confirmó la hipótesis de arranque: que en La Plata, la Brigada de Investigaciones bajo la dirección de Etchecolatz funcionó como una suerte de lugar de ingreso de secuestrados al Circuito. Permanecían por lo general poco tiempo, un día o dos, comenzaban los primeros interrogatorios bajo tortura y eran trasladados fundamentalmente al destacamento de Arana. Arana funcionó lisa y llanamente como un centro de torturas e interrogatorios con condiciones de vida infrahumanas. El otro lugar era la Comisaría V, que era un centro donde se torturaba, pero además era un depósito infrahumano en el que las personas estaban a la espera del destino decidido por la Jefatura.

–Liberados, desaparecidos o a disposición del Poder Ejecutivo (PEN).

–Las tres posibilidades eran: pasar a otro centro clandestino, ser liberadas o puestas a disposición del PEN –eran cosas muy excepcionales–, la mayoría era eliminada. Tuvimos el aporte del Equipo Argentino de Antropología Forense, que mostró cómo se producían los homicidios con alevosía: eso nos permitió conocer el destino final de muchas víctimas y ampliar las acusaciones de varios imputados por homicidios calificados. En Arana se acreditó que se quemaron cadáveres.

–Se examinaron otros centros fuera de la ciudad como COT1 Martínez y Puesto Vasco. ¿Integraron estos subcircuitos?

–El COT1 funcionó también como centro de tortura o abusos sexuales que se acreditaron, como en Arana. Sobre este punto, en la Comisaría V se acreditó tortura y abusos a una niña de 14 años, también partos y sustracción de menores en algunos centros. Puesto Vasco, que funcionó en la localidad de Don Bosco, era un centro de depósito y torturas donde estuvo el grupo Graiver y el gabinete del último gobernador constitucional de la provincia (Calabró). Hubo traslados de Puesto Vasco a COT1 para ser torturados. Pero ese circuito tenía una función un poco más específica. En los otros, las persecuciones eran sobre jóvenes, dirigentes políticos, estudiantes. En éste fueron centradas en aspectos económicos o políticos de la dictadura, como el grupo Graiver. Hubieron empresarios como Iaccarino, el gabinete de Calabró, y ahí hay que ver una interna que estaba dirimiendo un grupo que apoyaba a Saint Jean y otro a Viola.

–¿Hay diferencias entre esta zona operada por policías y otras operadas por militares?

Gerardo Fernández: –Hay una dimensión de lo que fue Camps que creo que todavía no se estudió en toda su magnitud. Era la mano derecha de Suárez Mason, la provincia de Buenos Aires fue el lugar donde el Primer Cuerpo, creo yo, pudo llevar a cabo con más claridad el plan más siniestro. Mientras en otras zonas operaban varias fuerzas, la estructura de Camps en la provincia se apoyó claramente en las estructuras de la Policía Bonaerense: de hecho, policías como Etchecolatz ocuparon cargos fundamentales porque tenían consonancias con los objetivos del régimen.

–¿Cuál fue la diferencia de la policía de la provincia con la de Capital?

–Acá se usaron las propias dependencias policiales y los lugares específicos de la policía y la represión se llevó a cabo con el mismo personal policial. Cosa que no sucedió con la Federal. Hubo un grupo de torturadores (de la Federal) que se manejó en lugares clandestinos, venían muchos de la Triple A, estuvieron un año manejando el Atlético de modo exclusivo, pero no tuvo la lógica del Circuito Camps. Todos hablan de la participación de los militares (en la provincia), pero lo cierto es que las guardias eran policías, también los interrogadores. No se crearon nuevas estructuras: acá se tomó lo que se tenía y sobre las propias estructuras policiales se basó la represión policial. Las condiciones de clandestinidad se cumplieron en la provincia de Buenos Aires a rajatabla: las personas permanecían en los lugares mucho menos tiempo que en otros centros clandestinos, lo que hace ver que los operativos se montaron con una precisión represiva siniestra.