A través de una carta enviada al Consejo, los 57 Estados, entre los cuales se encuentran Francia y el Reino Unido, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y Estados Unidos, Rusia y China, que no le reconocen competencia jurisdiccional internacional a la CPI, afirmaron que es necesaria su intervención para poder "investigar, aclarar y depurar" responsabilidades en las violaciones de los derechos humanos que cometidas en Siria desde el inicio de la revuelta, en marzo de 2011.

Según el texto, la comisión independiente auspiciada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU documentó la existencia de matanzas, torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias, actos que constituyen crímenes de guerra y contra la humanidad, de competencia del tribunal de La Haya, Holanda.

Dado que Siria no es un Estado miembro de la CPI, es necesario que el Consejo de Seguridad emita una resolución para que el tribunal pueda iniciar una investigación. La comisión independiente entregó al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos un listado con los nombres de los sospechosos de haber participado de aquellos delitos, tanto del gobierno como de la oposición armada. La comisión sostuvo que el Consejo de Seguridad "debe mandar una clara señal a las autoridades sirias", y señaló que el organismo "debe garantizar que se responda por los crímenes que se habrían cometido y que se siguen cometiendo en Siria".

Los firmantes de la solicitud consideraron que "la manera más eficaz de lograrlo en esta grave situación es referir la situación a la Corte Penal Internacional". Por último, solicitaron al consejo comprometerse a facilitar los recursos y el respaldo diplomático "para cualquier esfuerzo subsiguiente para investigar los crímenes y facilitar la ejecución de las potenciales órdenes de arresto".