El juicio se inició el 14 de agosto del año pasado por el delito de "cohecho activo agravado" en el caso del ex presidente y los exfuncionarios Fernando de Santibañes (Side) y Mario Flamarique (Ministerio de Trabajo), en tanto que se acusa por el mismo delito en calidad de "pasivo" a los exsenadores Augusto Alasino, Ricardo Branda, Alberto Tell y Remo Constanzo y al ex secretario parlamentario de la Cámara alta Mario Pontaquarto.

Todos están procesados y excarcelados por el supuesto pago de sobornos a los entonces legisladores en abril de 2000 para lograr la aprobación de la ley 25.250 de flexibilización laboral.

En la causa se da por probado que se pagaron 5 millones de pesos para lograr el voto favorable de senadores a la ley, con fondos salidos de la Secretaría de Inteligencia del Estado.