Tan solo 11 días después de que un tribunal impusiera la primera condena a un dictador en Centroamérica, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala resolvió anular el juicio. Los cinco magistrados de la CC terminaron ayer de analizar las acciones legales interpuestas por la defensa y concluyeron, en una decisión dividida, que durante las audiencias no se siguió el debido proceso.

Ríos Montt había sido condenado a 80 años de prisión por el Tribunal A de Mayor Riesgo, que lo halló culpable de genocidio y delitos de deberes a la humanidad. Otro militar acusado, José Mauricio Rodríguez, exjefe de los servicios de inteligencia durante la dictadura, fue absuelto, pero la CC también anuló ese fallo. Ambos militares fueron juzgados por la matanza de al menos 1770 indígenas ixiles en el departamento de Quiché (norte de Guatemala).

Puntualmente los magistrados anularon lo actuado desde el 19 de abril, cuando las partes procesales fueron notificadas de una resolución de la Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal que ordenó suspender de forma provisional el juicio. Esa resolución correspondió a un amparo planteado por la defensa de Ríos Montt después de que el 19 de marzo el abogado a cargo de su defensa, Francis García Gudiel, fuera expulsado por el tribunal, con lo que el dictador quedó en indefensión.

Entre los alegatos que los representantes de Ríos Montt plantearon ante la CC se incluía una queja por la decisión del tribunal de continuar con el juicio pese al amparo provisional dictado por la Sala. El tribunal continuó adelante sobre la base de una resolución de la propia Corte, que ordenó la reinstalación de García Gudiel como abogado de Ríos Montt -hecho que se concretó-, pero sin pronunciarse sobre la suspensión del juicio. Ahora el Máximo Tribunal Constitucional falló a favor de anular lo actuado porque el Tribunal A de Mayor Riesgo no resolvió una recusación planteada en contra de dos de sus miembros por García Gudiel.

El fallo de la CC fue dado a conocer anoche a última hora por el secretario del órgano colegiado, Martín Guzmán, quien se limitó a dar lectura a lo resuelto después de unas 10 horas de debate de los cinco magistrados que la integran. La decisión estuvo dividida, con tres votos contra dos. Estos últimos correspondieron a los magistrados Mauro Rodrigo Chacón que representa a la Universidad de San Carlos, y a Gloria Porras, que actúa en nombre del Ejecutivo, aunque fue nombrada durante el anterior gobierno del socialdemócrata Álvaro Colom (2008-2012).

Tras anunciarse por la radio el fallo de la Corte, frente a la sede del organismo se hicieron estallar petardos en señal de alegría por parte de simpatizantes de la causa del dictador.