El vicepresidente primero del cuerpo, Cristian Ritondo, sostuvo que el proyecto de ley presentado por la Coalición Cívica y Proyecto Sur acerca de la libertad de prensa "ha ampliado la base de sustentación de lo que se inició como un Decreto sobre una temática que es la defensa de la expresión para los medios de la Ciudad de Buenos Aires".

Luego de recordar que en el proyecto final fueron excluidos los artículos objetados por la Justicia, que suspendió la aplicación del DNU original, Ritondo se defendió diciendo que el único sector que se opone al proyecto es el kirchnerismo y que afirmar que la iniciativa está concebida "a medida" de Clarín "es faltarle el respeto a los diputados que trabajaron esto".

Al igual que el DNU de Macri, el proyecto de ley que había obtenido dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales repite en sus primeros artículos la normativa sobre libertad de expresión de Tratados Internacionales, de la Constitución Nacional, y de la Constitución de la Ciudad. También reitera la creación de un foro especial en la Justicia porteña para tratar asuntos vinculados las limitaciones a la libertad de prensa.

Entre el articulado no figuran las cuestiones que fueron objeto de una medida cautelar de parte del juez Osvaldo Otheguy, quien se pronunció ante un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por legisladores de Nuevo Encuentro. El magistrado había suspendido el primer párrafo del artículo 14 y el segundo del artículo 16 de DNU de Macri, que contemplaban la imposibilidad de establecer impuestos a la producción o importación de papel para medios y una limitación a la ejecución judicial de deudas tributarias de periodistas y empresas.

Según el artículo 25 de la ley aprobada, "corresponde a la Ciudad la jurisdicción de todas las materias relativas a los medios y servicios de difusión orales, gráficos, electrónicos o de cualquier otro tipo, de los medios de comunicación en ella domiciliados o cuyas instalaciones se encuentren en la Ciudad, cualquiera sea su soporte o modalidad". Exceptúa a "aquellos que ocupen espacio radioeléctrico", pero aclara que la legislación nacional en esos casos sólo será válida "en la medida que dicha regulación no afecte las libertades de imprenta, prensa y expresión de los habitantes de la Ciudad ni de las personas físicas en ella domiciliadas".

También dice que las compañías de medios con domicilio en Capital Federal deberán cumplir las leyes de defensa de competencia de carácter nacional, pero considera que estarán exceptuadas de las normas "dictadas exclusivamente para medios de comunicación", por lo cual los artículos antimonopólicos de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no serían aplicables en el ámbito porteño. Además, reitera la imposibilidad de expropiar o embargar a las empresas de medios y de designar interventores, veedores o directores.

La diputada porteña Gabriela Cerruti denunció, en su momento, que el dictamen había sido firmado contrariando el reglamento, porque no había quórum en la Comisión de Asuntos Constitucionales. La legisladora de Nuevo Encuentro sostuvo luego que "hay un nuevo alineamiento en la Ciudad, ya que los grupos que antes supieron ser de izquierda o centroizquierda ahora se acomodan para ver cómo Carrió y Solanas renuevan su banca".

La diputada Claudia Neira, del Bloque Buenos Aires 20/21, había considerado que se votaría "una Ley que le da protección legal y política al grupo Clarín", y denunció que "Proyecto Sur, la Coalición Cívica y el PRO están poniendo la Ciudad por fuera del sistema político argentino. Le están dando inmunidad absoluta a las corporaciones mediáticas para que no cumplan las leyes nacionales en la Ciudad".

Hace un año, la Corte Suprema falló en contra de la provincia de San Luis cuando había legislado sobre medios, por considerar que se contraponía con la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue aprobada en 2009 por el Congreso y cuya plena vigencia fue trabada por una cautelar por el Grupo Clarín.

El abogado especialista en Derecho a la Información, Damián Loreti, por su parte, aseguró que el proyecto del PRO y sus aliados es anticonstitucional, ya que viola "el Código Civil y las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual, la que declara de interés público el acceso al papel para diarios y la de Contrato de Trabajo".

Loreti criticó que el proyecto "sólo habla de abuso de controles oficiales y no de particulares" cuando indica que no podrán restringirse las libertades de imprenta, prensa y expresión de los medios de comunicación, ni el derecho al libre acceso a la información de las personas. Aseguró que de esa manera la iniciativa de la Ciudad "le baja un estándar a lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos que fue incorporado en la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual".