Según la Comisión Europea, el nuevo requisito del Reino Unido, que se agrega al certificado de "residencia habitual", infringe las leyes de la UE, porque indaga también sobre la residencia legal y tiene como objetivo saber si quienes solicitan ayudas están trabajando o buscando empleo. Jonathan Todd, portavoz del comisario europeo de Asuntos Sociales, Lazslo Andor, denunció que en los hechos la iniciativa de la corona británica significa que "potencialmente decenas de miles" de ciudadanos de otros estados miembros de la UE perdieron el acceso a las ayudas sociales que deberían tener por ley.

Duncan Smith aseguró que el gobierno quiere evitar el "turismo social" por el que los ciudadanos de la UE deciden mudarse al Reino Unido debido a su sistema de protección social relativamente generoso, en lugar de trabajar. "Los contribuyentes británicos no quieren pagar a las personas que no están dispuestas a trabajar", sostuvo. Otros estados miembros, como Alemania y Austria, están de acuerdo con Reino Unido, aseguró.

En una carta enviada a la Comisión en abril, Gran Bretaña, Alemania, Austria y Holanda solicitaron un mayor control en el acceso a las ayudas sociales por parte de los inmigrantes, con el argumento de que algunos estados miembros se enfrentan a "una presión considerable". En el caso del Reino Unido, que rechazó el el 64 por ciento de los pedidos de ayuda recibidos entre 2009 y 2011, se trata de subsidios por hijos, ayudas para la búsqueda de empleo y subsidios de desempleo.

Para Stephen Booth, del think tank euroescéptico Open Europe, la Comisión "arrojó una granada de mano" en el intenso debate que vive el Reino Unido sobre su permanencia en la UE. "En un momento de escaso apoyo público a la UE y a la inmigración, este es el peor desafío que la Comisión pudo plantear en el peor momento posible".